Indignante porque va en contra de pronunciamientos de todos los organismos de derechos humanos del mundo, incluyendo los de la ONU; de las demandas de sindicatos y asociaciones de periodistas en cinco continentes, defensores de la libertad de expresión, políticos e intelectuales democráticos.

Assange está privado de la libertad hace casi una década por haber publicado en WikiLeaks información secreta y comprometedora de las fuerzas armadas y del Departamento de Estado, incluyendo evidencias de crímenes de guerra y mentiras de la superpotencia estadunidense.

El fallo a favor de su extradición prolonga su calvario. No significa que sea enviado a EU en lo inmediato, y cuesta creer que ése sea el deseo de la administración demócrata de Joe Biden. Allí Assange enfrentaría un juicio en el que la fiscalía debería demostrar que no sólo robó información, en vez de recibirla y publicarla, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios que lo acompañaron en la publicación simultánea de sus revelaciones, como el mismísimo y venerado New York Times. Un papelón para un país que presume su Primera Enmienda constitucional, que en teoría garantiza la libertad de expresión.

A Assange tampoco le conviene someterse a semejante circo en un país donde legisladores y funcionarios han declarado públicamente que merece la pena de muerte o directamente ser asesinado por lo que publicó. El fallo de la cámara británica será apelado e irá a la Corte Suprema y de ahí muy probablemente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Pasarán los meses y tal vez los años, y Assange seguirá pudriéndose en su calabozo de máxima seguridad, sometido a los juegos sicológicos del Pentágono, con la aparente colaboración del sistema judicial británico. Ése parece ser su futuro, a menos que el mundo reaccione y obligue a sus carceleros a hacer lo correcto (https://bit.ly/3GCct5A).