Estos son los 61 funcionarios que se ordenó investigar por presunta tortura y abusos en caso Ayotzinapa

June 28, 2019 - por

Estos son los 61 funcionarios que se ordenó investigar por presunta tortura y abusos en caso Ayotzinapa

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Formalmente en 2015 la PGR ordenó realizar 95 peritajes por tortura y ordenó investigar a 61 servidores públicos por presunta tortura y/o “conductas constitutivas de delitos”, pero hasta ahora ninguno ha sido sancionado. Treinta y ocho de ellos siguen en funciones.

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En 2015 la entonces PGR ordenó al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría aplicar un examen especializado para detectar tortura, conocido como “Protocolo de Estambul” a 95 personas arrestadas, acusadas de haber participado en el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y se ordenó investigar a por lo menos 61 funcionarios públicos que participaron en las detenciones por presuntos actos de tortura y detenciones arbitrarias.

Pero los protocolos no se hicieron en tiempo, y hasta la fecha ninguno de los 61 servidores públicos ha sido sancionado.

De los 61 funcionarios señalados por “posibles conductas delictivas” -quienes deberían ser investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales-, 37 son de la Policía Federal Ministerial, 16 de la Secretaría de Marina, y 8 funcionarios de la Policía Federal contra 56 detenidos.

19 de esos funcionarios se les acusó formalmente de “conductas constitutivas de delito”perpetradas contra 15 detenidos. Entre estos el Policía Federal Ministerial Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes, quienes habrían participado en la tortura videograbada contra Carlos Canto Salgado. Hasta ahora ninguno ha sido sancionado.


Al menos diez de los 61 funcionarios señalados participaron hasta en dos eventos de detención con presunta tortura.

Aristegui Noticias revisó el compendio de actas de investigación ordenadas, las cuales se encuentran dentro de la auditoría practicada por la entonces Visitaduría General de la PGR encabezada por César Chávez Flores en 2016. Cabe aclarar que dichas investigaciones no fueron ordenadas en 2016 por el Visitador, cuya auditaría no fue validada por la PGR cuando la titular era Arely Gómez. Sino que fueron ordenadas en distintos momentos de 2015 por ministerios públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos “al considerar que en las detenciones de los inculpados en los hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, se había incurrido en posibles abusos por parte de los elementos aprehensores”.

El caso de la tortura de Carlos Canto Salgado, cuyo video circula en redes sociales, es un ejemplo de cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo señalamientos auto incriminatorios de personas que presentaban serias lesiones cuando fueron presentados al ministerio público.

Con estas declaraciones la PGR creó la versión oficial del caso Ayotzinapa que fue rechazada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos y fue desvirtuada por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo Secretario Técnico fue Omar Gómez Trejo, quien el 26 de junio fue nombrado titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

Esta es la lista de quienes debían ser investigados por tortura y abusos.

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Tortura probada

El 12 de junio de 2018 el Tribunal Colegiado del 19º Circuito en Tamaulipas emitió una sentencia histórica relativa a los amparos en revisión 203/2017, 204/2017, 205/ 2017 y 206/2017 interpuestos por varios detenidos del caso Ayotzinapa. A lo largo 686 páginas que componen la sentencia el Tribunal enlista los claros indicios de tortura a través análisis de los diversos dictámenes médicos practicados a varios de los detenidos cuando fueron presentados ante el Ministerio Público de la entonces PGR, e incluso después.

En la sentencia el Tribunal señala que se encontraron pruebas científicas de la tortura en casos como el de Patricio Reyes Landa, acusado por la PGR de ser supuesto miembro de Guerreros Unidos y de haber confesado asesinar y quemar a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.

“Se concluyó que presentaba hallazgos consistentes y correspondientes en alto grado con su alegato, encontrándose elementos técnicos como los que se describen en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes (Protocolo de Estambul)”, se afirma en la sentencia.

El Tribunal aseguro que por los casos de tortura debían ser investigados funcionarios del la Policía Federal Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina, “ésta última por posibles actos de tortura y uno de ejecución extrajudicial–)…”. Sin embargo, consideró el Tribunal, hubo “retraso, ineficacia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.

El Tribunal recordó en la sentencia que “ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba”, afirmo el Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito.

“…cabe destacar que México ya ha sido condenado en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por situaciones relacionadas con la ausencia de investigación en casos de tortura, por la incorrecta asignación de la carga de la prueba a quien alega la tortura, y por no excluir las declaraciones y demás pruebas así obtenidas”, se afirma en la sentencia.

Afirmó que para que el Protocolo de Estambul fuera eficaz debía aplicarse antes de los 15 meses después del evento, pero que en el caso de los detenidos de Ayotzinapa el examen para detectar si hubo tortura se hizo de 21 a 26 meses después.

Eso explica porque en casos como el de Carlos Canto, cuyo protocolo fue practicado después 20 meses o más por la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue negativo.

Por todas irregularidades encontradas en el caso, principalmente indicios claros de tortura, el Tribunal ordenó al Estado mexicano crear la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala”, que es el antecedente de la Comisión y la Unidad Especializada creada por el nuevo gobierno de Andres Manuel López Obrador.

A un año de la histórica sentencia hasta la fecha no existe ningún informe de parte de las dependencias involucradas sobre las investigaciones hechas a su personal por los indicios de torturas cometidas.

Aún en funciones

Se revisaron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que debían ser sujetos a investigación según una lista elaborada en base a documentos enumerados por la auditoría practicada por la Visitaduría General en 2016, y por las averiguaciones previas abiertas contra Sidronio Casarrubias, Eury Flores y Francisco Lozano Cuevas, los tres acusados de ser supuestamente miembros de Guerreros Unidos, y cuyos dictámenes médicos describen heridas y golpes de presuntas prácticas de tortura.

Actualmente de los 61 funcionarios detectados por presuntos actos de tortura y abusos, al menos 38 aún siguen en funciones y están adscritos en diversas partes del país.

En la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero están en funciones los 37 funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal Ministerial señalados, incluyendo a Ezequiel Peña Cerda acusado de haber torturado a Carlos Canto Salgado.

De los 16 elementos de la SEMAR, que deben ser indagados, se tiene identificado que el marino Ariel Agustín Castillo Reyes sigue en funciones. De los otros no es posible saber dado que muchos elementos de Marina no cumplen con las obligaciones de transparencia ni en la Secretaría de la Función Pública ni en “nómina transparente” donde se supone a partir de este nuevo gobierno todos los funcionarios públicos deben estar públicamente localizables.

Sin embargo se pudo confirmar que al menos hasta el año pasado los marinos: Vidal Vázquez Mendoza , Jazmín Edith García Martínez, Celso Mario Rendón Mejia, Reynel Calvo Molina, Victor Hugo Miranda Lima y Alcibiades Marcelino Ayodoro, presentaron recursos de protesta en contra del Tribunal Colegiado del 19º Cirtuito de Tamaulipas. La resolución judicial puntualiza los presuntos abusos cometidos por estos elementos de la Marina en contra de los detenidos.

Según los marinos Vázquez Mendoza y García Martínez detuvieron a Agustín García Reyes -a quien la PGR acusa de ser uno de quienes asesinó y quemó a los 43 normalistas en el basurero de Cocula- el 26 de octubre de 2014 a las 18:00 horas y que al verlo salir de un domicilio lo abordaron.

“…descendimos de nuestra unidad oficial y nos acercamos a él identificándonos como elementos de la Armada de México, pidiéndole el favor que se identificara a lo que refirió que no tenían documento alguno con que identificarse inmediatamente el suscrito le indique que teníamos una orden de localización y de presentación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), siempre brindándome seguridad mi compañero la marinero Jazmín Edith García Martínez, que nos hicieran favor de acompañarnos, se le indico que sería trasladado ante la autoridad correspondiente y posteriormente lo subimos a nuestra unidad oficial, siendo certificado su estado de salud por un médico naval al momento de presentarlo”.

Según los elementos de la Marina llegaron a la Ciudad de México a las 21:00 pero “pero por el tráfico de la ciudad y las marchas que se originaron durante todo el día, nos fue imposible llegar inmediatamente, llegando a estas instalaciones federales aproximadamente a las 23:00 horas”. Cuando presentaron a García Reyes iba visiblemente golpeado.

De acuerdo a la versión de la esposa de García Reyes éste fue sacado por la fuerza de su domicilio el 26 de octubre a las 4 de la mañana. Entraron personas uniformadas como marinos y también vestidas de civil: lo detuvieron, lo tiraron al piso, lo comenzaron a golpear y a su hijo de cinco años le pusieron un arma en la cabeza. Su esposa preguntó por qué se lo llevaban, y la golpearon y empujaron.

Días más tarde, Agustín le contó lo que pasó después: “Dice que lo amarraron de una silla con las manos hacia atrás, lo ahogaban con una bolsa, le ponían la chicharra en todo el cuerpo, testículos; todo, todo le hicieron. Se desmayó, todavía le duele el oído y tiene dolor de cabeza”, señaló su esposa.

Los muchachos de Tomás Zerón

Cuando ocurrieron las presuntas torturas y abusos por parte de la Policía Federal Ministerial (2014-2015) el mando superior de la corporación era el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio. Desde entonces hasta ahora ninguno de los 37 miembros de la AIC o la PFM han sido sancionados, ni siquiera removidos.

Hoy todos ellos se encuentran en funciones. Uno de ellos, Angel Alfredo Gutiérrez Chagoya, uno de los agentes que detuvo en octubre de 2014 a un grupo de 24 policías municipales de Cocula, ahora es Subdelegado Sustantivo de la PFM en la Ciudad de México con un suelo de 651 mil 418 anuales.

El caso de los 24 policías municipales de Cocula también fue analizado por la sentencia del Tribunal Colegiado y advierte múltiples lesiones de los detenidos sin justificación.

El Tribunal Colegiado ordenó desde hace un años una investigación sobre las denuncias de tortura: “También debe investigarse la posible tortura sufrida por los diversos declarantes, e informar al Tercer Tribunal Unitario del decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, sobre los resultados de las investigaciones, y en su caso, las sanciones impuestas a los responsables”.

“Relacionado con lo anterior, debe investigarse si el fallecimiento de (Miguel Alejandro Blas Patiño), se dio como consecuencia de actos de tortura”, ordena el poder judicial.

Blas Patiño murió durante el operativo encabezado por los marinos Santiago González Velázquez y el cabo Iván de Jesús Montes Trujillo, entre otros, durante la detención de Eury Flores, Francisco Lozano Cuevas y Blas Patiño el 26 de octubre de 2014 en el estado de Morelos, en las instalaciones de un condominio.

El operativo se llevó a cabo a raíz de los nombres que Carlos Canto mencionó en su declaración firmada bajo tortura.

Según el testimonio de Eury Flores publicado en el libro La Verdadera Noche de Iguala, los tres hombres fueron torturados simultáneamente en el jardín del conjunto habitacional, perdiendo el sentido en diferentes momentos; en uno de ellos Flores López y Lozano Cuevas se percataron de que Blas Patiño había muerto.

“¡A este ya se lo llevó la chingada! ¡Ya se nos peló!”, dijo uno de los elementos de la Secretaría de Marina que portaba el uniforme de infantería e insignias mientras contemplaba el cuerpo inerte de Blas Patiño. Para ocultar el homicidio, la Marina afirmó que el joven cayó de un cuarto piso mientras supuestamente huía.

Después los dos sobrevivientes fueron llevados a un lugar cerrado, piensa Flores instalaciones de la Marina, para continuar con la tortura hasta que los obligaron a firmar una confesión.