Fabricantes de armas de EU solicitan desechar demanda mexicana por carecer de fundamento
November 22, 2021 - por David Brooks/Corresponsal de La Jornada.
Empresas de armas acusaron que México de querer “imponer” sus políticas de control de armas en el país vecino. Foto Afp / Archivo
México presentó una demanda civil contra once empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para presentar sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.
México argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera [<https://www.jornada.com.mx/2021/11/22/politica/006n1pol>].
En sus primeras respuestas formales a la demanda mexicana registradas este lunes ante el tribunal, las empresas ofrecieron un abanico de razones con las cuales solicitan que el tribunal deseche del caso.
Calificaron el caso así: “incapaces de controlar la violencia de los carteles dentro de sus propias fronteras, México presento esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.
Ante ello, argumentan que México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros, y que bajo las leyes estadunidenses, este caso no tiene sustento.
En un argumento conjunto por ocho de las once empresas acusadas -varias también presentaron sus respuestas individuales en el caso- afirman que México está buscando responsabilizar a los fabricantes de armas de la violencia provocada por los carteles en México.
Señalan que en su demanda, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los carteles”, sino de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las empresas. Por lo tanto, concluyen que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.
Más aún, acusan que México, con esta demanda, está intentando “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domesticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal” estadunidense.
En su argumento ante el tribunal, la agrupación de empresas demandadas afirmó que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales. Donde Estados Unidos reconoce el derecho de mantener y portar armas, México casi ha eliminado la posesión privada de armas”.
Con ello acusan que en este caso México está buscando extenderse más allá de sus fronteras y “castigar a ventas de armas que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos”.
Concluyen que “al intentar llevar a la bancarrota a los fabricantes de armas de Estados Unidos, esta jugada no sólo amenaza las libertades constitucionales de America, sino también el equilibrio cuidadoso de regulaciones de armas de fuego establecidas por el Congreso y legislaturas estatales”.
Acusan que este caso es un intento para usar el poder judicial en una “disputa diplomática” entre Estados Unidos y México sobre los efectos internacionales de sus políticas sobre armas. “Este tribunal no tiene que jugar en esto. Debería desechar la queja”, aconsejan.
Presentando su gama de razones legales por las cuales solicitan que la Corte deseche este caso, las empresas afirman que la ley federal en Estados Unidos establece una amplia “inmunidad” a fabricantes y distribuidores de armas autorizados contra demandas que “resultan del mal uso criminal o ilícito de una arma de fuego por un tercero”.
A la vez, cuestionan si este tribunal tiene la jurisdicción para este caso, ya que mucha de la actividad ilícita que se alega en la demanda no fue cometida en Massachusetts.
Al mismo tiempo, la ley estadunidense, agregan, no ofrece protecciones a entidades extranjeras por el uso dañino de estos productos en sus territorios. Más aún, señalan que bajo las leyes nacionales, no pueden ser responsabilizados por el mal uso de sus productos legales por terceros en otros países.
“El gobierno de México, enfrentando una epidemia de violencia de armas impulsadas por carteles de droga y otras pandillas organizadas, ha decidido que Smith & Wesson y otros fabricantes de armas… son realmente los responsables de que mexicanos estén matando a otros mexicanos en México”, pero no alega que los demandados directamente entregaron esas armas a cualquiera en México, afirma en su argumento individual la empresa demandada.
Smith & Wesson junto con los otros demandados rechazan que México pueda intentar “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal” en Estados Unidos.
El juez federal F. Dennis Saylor ahora tendrá que evaluar todos estos argumentos – y posiblemente otros más de México – al decidir si este caso procede o no, y bajo que condiciones.
Respuesta de fabricantes de armas da inicio a la esgrima jurídica: SRE
El consultor jurídico de la cancillería mexicana y cerebro de la demanda civil, tuiteó incluso esta tarde algunos de los argumentos esgrimidos por las compañías de producción, distribución y ventas de armas y enfatizó: “Comienza la esgrima jurídica. Hoy no se gana ni se pierde el litigio”.
Algunos de los puntos expuestos por las empresas demandadas –son once— son: que la querella “es violatoria” de las leyes de Estados Unidos, que las muertes asociadas a las armas procedentes del extranjero “no son rastreables”, que no tienen la obligación legal de proteger a México de los delincuentes en el país, entre otros.
El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano, a través de la SRE, presentó una querella civil contra once compañías de armamento debido a que las considera responsables en parte de la violencia que se vive en el país debido a que no tienen cuidados suficientes para evitar que sus productos terminen en manos de grupos del crimen organizado.
Este litigio es el primero de este tipo de un gobierno extranjero contra la poderosa industria de armas estadunidense. Se tramitó ante la Corte de Distrito de Massachusetts y como parte de éste las empresas tienen hasta esta medianoche para presentar sus argumentos de respuesta a las acusaciones en su contra formuladas por la cancillería. Después de esto, México tendrá hasta el 31 de enero del próximo año para dar su contra réplica.
“Las empresas demandadas empiezan a presentar sus respuestas. Esperamos una respuesta consolidada y hasta 11 de cada empresa con sus defensas para detener el litigio. Tienen hasta la medianoche de hoy para presentarlas”, informó en Twitter Celorio.
Agregó que él y sus colaboradores están a la espera de todos los argumentos para posteriormente actuar en consecuencia.
“Recibiremos las respuestas y defensas legales esperas. El equipo legal @SRE_mx las analiza e informá elementos a destacar. @GobiernoMX tiene hasta el 31 de enero para responder a estas defensas”, tuiteó el consultor jurídico de la cancillería.