Los Angeles. 

Hoy continuamos el análisis detallado de cada una de las partes esenciales de la Ley SB-1718.

La que había sido una controversial propuesta legislativa en el Estado de la Florida fue convertida en Ley con la firma del Gobernador Ron DeSantis, el pasado día 10 de mayo de este año.

Ni conferencias de prensa para denunciar a la SB-1718, ni marchas o caravanas de solidaridad y ayuda mutua con los cerca de 900,000 trabajadoras y trabajadores indocumentados que laboran en dicho Estado, pudieron detener la firma del Gobernador De Santis.

La Ley SB-1718 entró en vigor hace exactamente dos mes, es decir, el primero de julio de este año.

A esta ley la denuncié desde que se debatía en los comités del Congreso Estatal de Florida. Primero, como un proyecto de ley muy peligroso. Ya aprobado el proyecto, y a la espera de la firma del Gobernador Ron De Santis, alertamos al pueblo trabajador inmigrante, de todo el país, del gravísimo peligro que los amenazaba por el carácter fascista de lo que hasta entonces era todavía un proyecto de ley.

Pero una vez que dicho proyecto, con la firma del Gobernador Ron De Santis, se convierte en ley la denunciamos por lo que es, una ley fascista, anti-inmigrante y anti-latina.

Escribí en mi última columna que la Ley SB-1718 prohíbe transportar a cualquier persona indocumentada desde cualquier estado de la Unión Americana al interior de la Florida y a quienes lo hagan los sanciona con cargos de ídole criminal y los cargos aumentan con cada violación adicional. Pero no contento con esto, bajo la nueva ley, Florida continuara prohibiendo que los trabajadores indocumentados puedan solicitar y recibir licencias de conducir del estado. Además,  nadie, ni personas ni organizaciones les esta permitido crear otros tipos de tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados so pena de ser severamente sancionados.

En el importantísimo frente que tiene que ver con el cuidado de la salud, todos los hospitales de Florida que aceptan seguros médicos (denominados Medicaid) deberán de asegurarse que su personal administrativo elaboren cuestionarios mediante los cuales estarán obligados a preguntar a los pacientes si son ciudadanos de los EU o si son residentes legales permanentes del país. También, deben llevar registros de la atención medica brindada a los inmigrantes indocumentados y registros de los costos económicos por la atención medica que hayan recibido los trabajadores inmigrantes.

Salta a la vista lo peligroso para toda la sociedad que quienes enferman se abstengan de acudir a recibir la atención medica que necesitan por temor a ser identificados lo que por la desinformación que llega al seno de las comunidades inmigrantes fácilmente genera en las mentes de los trabajadores indocumentados de que asistir en busca de atención medica pudiera conllevar al arresto y hasta la deportación.

Mas haya de lo cruel e inhumano de esta Ley SB-1718, habría que reflexionar de las graves consecuencias a las que se expone la salud de todos los residentes de la Florida, y del resto del país,  porque no se puede descartar que luego de la experiencia desastrosa que suscitó la pandemia desatada por el Covid19 los indocumentados van a ser susceptibles de contagiarse de alguna enfermedad, conocida o no, que al no atenderse y abatirse a tiempo pudiera desparramarse y afectar a vastos sectores de la población con resultados que pudieran ser muy lamentables.

En el frente laboral desde que entró en vigor la ley,  y para ponerse a salvo de las consecuencias de la SB-1718, se calcula que cerca del 20% de la fuerza laboral agrícola indocumentada ya abandono el estado de la Florida. La economía estatal esta resintiendo una escasez de mano de obra, y si a esto le sumamos los trabajadores urbanos que también se han sumado a este masivo éxodo de trabajadores, el Estado y su economía habrán de pagar un altísimo precio por su política anti-inmigrante encapsulada en la SB-1718.

A esta grave situación resulta imperativo sonar la alarma de lo peligroso que resulta para toda la población del Estado que cientos de miles de trabajadores indocumentados por temor a ser arrestados y deportados no busquen atención medica necesaria y urgente y con dicho comportamiento pongan a toda la ciudadanía en peligro de sufrir una hipotética enfermedad masiva (otra pandemia, conocida o no, de la magnitud del Covid 19 o todavía peor).

Con anterioridad a la aprobación y entrada en vigor de la Ley SB-1718, los niños indocumentados que hubiesen llegado a los EU como menores de edad, y que hayan vivido en el Estado por 10 años o mas y que obtuvieron un permiso para trabajar de forma legal les era permitido ingresar a la universidad y cursar la carrera de abogado, registrarse para tomar el examen para obtener la Licencia y ejercer como abogados. Desde el primero de Julio de este año ese derecho ciudadano quedo legalmente cancelado. En resumen, los inmigrantes que no disfrutan de estatus legal en EU, en la Florida, tienen prohibido ejercer la abogacía en el Estado.

La pregunta obligada para el Gobernador de la Florida Ron De Santis es: de que daño irreparable se esta protegiendo a la ciudadanía del Estado retirándole a los jóvenes indocumentados el derecho a estudiar abogacía, tomar los debidos exámenes, aprobarlos para acto seguido obtener la debida licencia para ejercer como abogados? Acaso con esta regla digna de una mentalidad prehistórica se busca establecer que ahora y en el futuro hablar de derechos humanos se deberá de entender que en la Florida se esta hablando de ciudadanos norteamericanos y los que no los son estarán excluidos de la protección del manto de estos?

*Juan José Gutiérrez es el Director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, con sede en Los Angeles.