Gobernadores: ¿ineptos, cobardes o cómplices?
September 17, 2022 - por Pedro Mellado*/SinEmbargo.
“En el país se requiere un profundo análisis de la actuación de los gobernadores y de las fiscalías y procuradurías estatales, en las tareas preventiva del delito y en la procuración de justicia”.
Sin seguridad, justicia y paz no habrá Cuarta Transformación de la República. Así lo ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los buenos deseos y mejores propósitos deben pasar del discurso político a una acción enérgica para que quienes tienen responsabilidades en cada uno de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, cumplan sus deberes y se coordinen contra la negligencia, la corrupción, los miedos, las complicidades y la impunidad.
Extraviada la discusión pública entre los intereses y las argumentaciones políticas, sobre la presunta militarización de las tareas de seguridad y los abusos en la utilización de la prisión preventiva oficiosa, como herramienta desesperada para mantener en la cárcel a presuntos delincuentes, no ha habido el reposo sereno, inteligente y generoso para asumir que la primera tarea es definir con claridad en dónde estamos parados y cuál es el camino que tendrían que seguir los tres niveles de gobierno en el cumplimiento estricto de sus obligaciones.
El lunes 23 de mayo del 2022 el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que la corporación ya tenía 118 mil integrantes, y que en lo que resta del año serán reclutados otros 10 mil elementos, para sumar, al finalizar el actual calendario, 128 mil 233 guardianes del orden.
El pasado miércoles 14 de septiembre del 2022, los periódicos de Grupo Milenio publicaron que, con base en datos obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se podría calcular que las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, tendrían desplegados en todo el país 192 mil 831 efectivos.
Advierte la nota informativa de Milenio que el constante despliegue de elementos federales para reforzar la seguridad pública en distintas zonas del país y la falta de inversión de los gobiernos estatales en sus cuerpos de policiacos, ha provocado que en al menos 24 entidades federativas el número de marinos, militares y preventivos federales sea mayor que el de los agentes estatales.
Ofrece algunos botones de muestra sobre la enorme responsabilidad que el gobierno federal está asumiendo en algunas entidades federativas.
En Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, el apoyo de las fuerzas federales casi triplicó el número de agentes estatales. En la entidad hay 11 mil 763 elementos federales, de Guardia Nacional, Ejército y Marina, en tanto que solo operan 4 mil 296 efectivos estatales, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal elaborado por el INEGI.
En Sinaloa el gobierno federal apuntala la seguridad de la administración morenista con 8 mil 110 elementos frente a mil 571 policías estatales encargados del orden público.
En Guanajuato, catalogado como el estado más violento del país, hay 10 mil 503 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en la entidad, por apenas 4 mil 100 policías estatales bajo el mando del gobierno panista, mientras que en Chihuahua, también bajo administración albiazul, hay 6 mil 364 elementos federales de seguridad contra 2 mil 121 agentes estatales.
Frente a la inseguridad y las gravísimas fallas estructurales en la procuración y administración de justicia, el gobierno federal debería convocar a la Conferencia Nacional de Gobernadores para analizar, estado por estado, si las autoridades están cumpliendo con su deber.
Es obligado preguntar si frente a la violencia desafiante de la delincuencia organizada la mayoría de los gobernadores han actuado con ineficiencia, cobardía o complicidad.
A este problema habría que agregar que la procuración de justicia es el cuello de botella del combate a la impunidad en México, advierte la consultora Impunidad Cero, que cada año realiza el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías.
Las fiscalías del país están rebasadas, con poco gasto en procuración de justicia, poco personal y elevadas cargas de trabajo. Estas condiciones llevan a una baja efectividad en la resolución de los casos que atienden, lo que en consecuencia genera y perpetúa la impunidad.
Esto se agrava si consideramos que el porcentaje de delitos que ocurren, que no se denuncian y en los que no se inicia una carpeta de investigación es superior a 90 por ciento. Del total de delitos, sólo una pequeña proporción se denuncia y en consecuencia, la probabilidad de esclarecimiento de los delitos en México es de apenas 1 por ciento.
En años recientes, según estadística elaborada por la organización Impunidad Cero, la cifra negra de delitos no denunciados en el ámbito federal ha sido de 93.2 por ciento en 2018, 92.4 por ciento en 2019, 93.3 por ciento en 2020 y 93.2 en 2021, según datos aportados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el INEGI.
Frente a esta realidad, que refleja la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración y administración de justicia, hay otros datos que reflejan la fragilidad de las estructuras responsables de esta tareas.
En 2019, México contaba con 10 agentes y/o fiscales del Ministerio Público del fuero estatal y con 2 fiscales federales por cada 100 mil habitantes.
En 2019 se abrieron 2 millones 76 mil 660 carpetas de investigación en las procuradurías y fiscalías estatales, lo que representó una carga de trabajo de 290 expedientes anuales por cada agente investigador o agente del Ministerio Público estatal, según datos proporcionados por el INEGI el 20 de octubre del 2021.
Datos actualizados hasta el 2020 reflejan que Ciudad de México, con una población 7 millones 656 mil 979 habitantes es la que más recursos invierte, per cápita (por persona), en su Fiscalía General de Justicia, con un promedio de 767.2 pesos; mientras que Baja California, con 2 millones 900 mil habitantes destina para el mismo fin 741.7 pesos anuales por persona.
La media nacional en México de inversión por persona en el sostenimiento de las fiscalías o procuradurías estatales es de 380.5 pesos. Y por debajo de esa media nacional están algunos importantes estados como Jalisco, con 288.4 pesos por persona y Veracruz, con 181.8 pesos por cada habitante.
Impunidad Cero también analizó el índice de Transformación Digital de las Fiscalías y Procuradurías del país en el 2020 y sólo 13 declararon contar con un eje de transformación en su plan de trabajo.
En esa ruta Nuevo León era el estado más avanzado, con 94.4 por ciento y en segundo sitio estaban, con 88.9 por ciento, Aguascalientes, Ciudad de México y Guanajuato.
En el abismo, los estados más atrasados en la digitalización de sus procesos de procuración de justicia eran Jalisco, Tlaxcala, Baja California Sur y Morelos.
Lo más elemental que podría exigirse a procuradurías y fiscalías en su proceso de digitalización es una plataforma de denuncia, canales alternativos de denuncia, sistema con Número Único de Caso, sistema que permita el seguimiento de actos de investigación y un sistema que permita el acceso de la víctima y los imputados a la carpeta del caso.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 refleja que en el país sólo 10 de cada 100 ciudadanos confían en el Ministerio Público. Dentro de estos magros porcentajes, las fiscalías que más confianza despertaron fueron las de Nuevo León, Aguascalientes y Yucatán. Y sobre las que hubo mayor desconfianza fueron Ciudad de México, Puebla y Estado de México.
En el país se requiere un profundo análisis de la actuación de los gobernadores y de las fiscalías y procuradurías estatales, en las tareas preventiva del delito y en la procuración de justicia. Para la mayoría les resulta más fácil echarle la culpa al gobierno federal. Y si en este pueblo no hay culpables y responsables, entonces ¿a quién tendríamos que pedirle cuentas?
