La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si dinero público puede emplearse en escuelas religiosas privadas. De momento escucha argumentos en favor y en contra. Gremios magisteriales indican que esto puede llevar a la bancarrota a la educación pública, donde estudia el 90 por ciento de los niños del país y advierten que lucharán contra este ataque de la derecha privatizadora a los fundamentos de Estados Unidos.

El caso ha llegado a calificarse como el de mayor trascendencia en los últimos 60 años en materia de educación y derechos civiles.

En el centro de la querella se encuentra el Instituto para la Justicia (IJ)  – apoyado por privatizadores multimillonarios como los Walton, propietarios de Walmart, la Fundación de la familia de la actual titular de Educación de Trump, Betsy DeVos, los hermanos Koch-, que ha  abordado disposiciones en las constituciones estatales que prohíben el uso de dinero público con fines religiosos y con escuelas religiosas.

Una decisión a favor de IJ en el caso Espinoza v Montana Department of Revenue, podría socavar las disposiciones constitucionales en 37 estados que impiden que el dinero fluya a escuelas religiosas privadas, abriendo la puerta a más programas de cupones.

Un fallo del Tribunal Supremo de respaldo a privatizadores puede abrir puerta a vales en todo el país.

La lideresa de la Federación Americana de Maestros, presente en la sesión en la que la Corte Suprema escuchó argumentos, Randi Weingarten, dijo que esos magnates han recaudado decenas de millones de dólares para atacar la educación pública.

“Están financiando este esfuerzo como un intento de puerta trasera para lograr que el tribunal imponga la agenda fallida de Betsy DeVos de vales escolares privados en todo el país. No es casualidad que DeVos estuviera en el tribunal en persona para escuchar argumentos orales”, dijo la lideresa de 1.5 millones de docentes.

Al frente del Departamento de Educación, DeVos se ha caracterizado por el impuso a los vales o cheques escolares que se entregan a los padres para que paguen las matrículas de sus hijos en las escuelas privadas que elijan.

Sin embargo, pese a que DeVos cuenta con el apoyo del gobierno federal, no ha contado con suficiente respaldo en el Congreso para ampliar los vales legislativamente, incluso cuando ambas cámaras fueron dominadas por los republicanos, ya que numerosas encuestas y estudios indican que los  votantes estadounidenses han rechazado programas que transfieren los escasos dólares de los contribuyentes de las escuelas públicas para pagar la matrícula de la escuela privada.

El magnate presidente y la titular de Educación, Betsy DeVos.

“Los contribuyentes y los votantes han dejado abrumadoramente claro que no quieren vales”, dijo Lily Eskelsen García, presidenta de la más más importante institución de maestros del país, la  Asociación Nacional de Educadores (NEA, siglas en inglés) , con más de 5 millones de miembros.

Y agregó:

“Betsy DeVos y sus aliados están usando la Corte Suprema para impulsar su agenda política que busca desmantelar nuestras escuelas públicas de barrio”.

Indicó que dependiendo del resultado en la Corte Suprema, el caso Espinoza podría tener un impacto amplio y potencialmente devastador en la educación pública en todo el país.

EL IJ espera que un fallo a su favor cambie de permisivo a obligatorio que la decisión de un estado de incluir, o no, escuelas religiosas en los programas estatales de vales escolares.

El caso “Espinoza v. the Montana Department of Revenue” trata sobre un grupo de madres de familia que debido a sus modestos ingresos contaban con el programa de becas para mantener a sus hijos en una escuela cristiana. Pero las autoridades del Departamento de Ingresos de Montana excluyó las escuelas religiosas debido a que la Constitución de ese lugar prohíbe el uso de recursos públicos para escuelas con identidad religiosa, un veto introducido en 37 estados del país.

Los demandantes han invocado el libre ejercicio de la religión para argumentar que la sentencia judicial de Montana debe ser anulada.

Las terribles consecuencias de un secretario de educación que lidera la acusación sobre la privatización escolar y un poder judicial federal lleno de jueces de derecha ofrecen una lección rotunda, dijo Eskelsen García.

“Casos como Espinoza ilustran claramente lo que está en juego. Las elecciones tienen consecuencias. 2020 nos presenta la oportunidad de detener este ataque sistemático a nuestras escuelas públicas”, indicó la dirigente magisterial.

TRIBUNAL DIVIDIDO

Randi Weingarten planteó: “ Espinoza c. Montana podría llegar a ser el caso fundamental en la batalla por la financiación pública de la educación religiosa. ¿Gobernará la Corte Suprema de manera limitada o amplia? ¿Su decisión desfinanciará las escuelas públicas para que las escuelas religiosas puedan ser financiadas por el estado?”.

Weingarten hizo notar que el tribunal se encuentra estrechamente dividido.”Afortunadamente, varios magistrados, entre ellos el presidente Roberts, cuestionaron la posición de los peticionarios y formularon preguntas contundentes al Instituto de derecha para la Justicia, que está tratando de promover una teoría jurídica contradictoria y verdaderamente radical que socavar la financiación pública de la educación pública en 38 estados”.

“No se equivoquen, -agregó- si la mayoría de los jueces están del lado de los peticionarios, la Corte Suprema será responsable de desatar un terremoto virtual en este país que amenaza tanto la libertad religiosa como la educación pública. Daría vuelta más de dos siglos de historia estadounidense y nuestra comprensión de la Constitución y la libertad religiosa en su cabeza, y exigiría el apoyo de los contribuyentes públicos a las escuelas religiosas.

“Sabemos que en casos anteriores, el juez Roberts no abrazó este tipo de reescritura radical de la Constitución. Pero el ala derecha ha sido sigilosa en cómo ha funcionado, sabiendo que la corte es muy consciente de la opinión pública”.

Y remató:

“Como persona de fe, estoy profundamente preocupada por el impacto que este caso podría tener. Nuestra libertad para practicar nuestra religión proviene de la cláusula de libre ejercicio y la separación de la iglesia y el estado. En el Estado nunca se ha querido exigir la financiación pública de instituciones religiosas o escuelas. De hecho, eso es exactamente lo que la cláusula de libre ejercicio y la separación de la iglesia y el estado estaban destinados a prevenir. Y como profesor y creyente en la educación pública, me preocupan profundamente los efectos de este caso en la financiación de nuestras escuelas públicas, a las que asiste el 90 por ciento de nuestros hijos.

Weingarten hizo notar que los maestros, estudiantes, padres, personal de la escuela y todos los aliados que creen en la educación pública entienden lo que está en juego. “Independientemente de lo que decida la  Corte, continuaremos nuestra lucha para oponernos a este ataque flagrante contra los fundamentos de nuestra nación”, advirtió.