Un grupo de cuatro republicanos del Senado envió una carta al Gobierno del presidente Joe Biden para cuestionar la política que se enfoca en la persecución de inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de perseguir a un no ciudadano solamente por no tener papeles de estancia en el país.

Los senadores hacen referencia particular a las directrices para los abogados de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cual amplía su discreción para decidir sobre casos, tomando en consideración varios factores, no solamente que un inmigrante sea indocumentado.

“Esta política equivocada prioriza reducir artificialmente la acumulación de casos en los tribunales de inmigración por encima de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, y representa un grave abuso de la discreción de los fiscales”, consideró el senador Rick Scott (Florida).

El memorando a los abogados de ICE fue emitido en abril pasado y forma parte de la estrategia de la Administración Biden para reducir la persecución de inmigrantes solamente por ser indocumentados, además de reducir los casos en tribunales, que superan los 1.6 millones de expedientes acumulados.

Scott y sus colegas critican que esa política esté enfocada a la reducción de casos en tribunales, además de señalar que la decisión impulsada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, “es un abuso” en la discreción de los abogados.

“Bajo el pretexto de ejercer la ‘discreción procesal’, el Memorándum de Doyle propone la desestimación masiva de estos casos de deportación pendientes contra extranjeros que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos y que están sujetos a deportación por violar nuestras leyes de inmigración”, dijo Scott.

Dijo que esa política es como “hacerse de la vista gorda” en cuanto a los indocumentados, lo cual “fomentará una mayor inmigración ilegal y animará a los extranjeros criminales que ya están ilegalmente presentes en nuestras comunidades”.

El memorando fue firmado por Kerry Doyle, principal asesor legal de ICE, donde establece que la acumulación de casos en tribunales obligan al priorizar los recursos de la agencia para desahogar los casos de criminales.

Con información de La Opinión