Monterrey, N.L.

La notificación de adeudos fiscales a empresas de Nuevo León, firmados por un ex administrador, Alejandro Hernández Cepeda, y que hace tiempo aparentemente renunció a su puesto, pudiera ocasionar un quebranto al erario federal, y probable responsabilidad a trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con puestos de notificadores y ejecutores fiscales.

Resulta que dicha anomalía pudieran ocasionar la invalidez de adeudos fiscales al ser impugnados por los contribuyentes deudores y por lo tanto, se perderían esos dineros del pueblo recaudados por el fisco federal, ya que al diligenciar los adeudos, con oficio de un ex administrador (que ya no está en la institución), provocaría grave afectación (hay adeudos millonarios en todo ello). Por tal motivo, los trabajadores preocupados -porque la cuerda se rompe por lo más delgado-, se ven obligados a realizar esas notificaciones y por tanto ellos, estarían en riesgo de ser sancionados, por esas irregularidades que afectarían al fisco gravemente.

Así lo denunció Alejandro Valdez López, dirigente del Sindicato Democrático de Trabajadores del SAT en la entidad, quien dijo, los trabajadores han acudido a él para informarle lo anterior y expresarle su temor de ser sancionados, siendo que ellos solo acatan órdenes.

Indicó que el ex administrador del SAT en Nuevo León, Alejandro Hernández Cepeda, solo estuvo mes y medio al frente del cargo y luego renunció, repentinamente.

Se trata de anomalías que vienen cometiendo las sub administradoras del SAT en Nuevo León, Irene Celia Cabrera Méndez y Diana Blanca Estela Ramírez Mendoza, quienes se dicen protegidas por, Eneida Gaspar Delgado, así como su jefe Luis Abel Romero López, altos funcionarios del SAT en la ciudad de México.

Estas notificaciones, como indicábamos arriba, son algunas millonarias, pudieran estar afectadas de nulidad por estar diligenciando con un oficio firmado por un ex funcionario; por lo tanto, pudieran carecen de validez y son fácilmente impugnables y en la mayoría de los casos el SAT pierde esos litigios, afectando los dineros del pueblo, los trabajadores se encuentran muy preocupados por dichas irregularidades

Estas funcionarias acusadas de ser falsarías (Irene Celia Cabrera Méndez y Diana Blanca Estela Ramírez Mendoza) tienen denuncias graves, como declarar en falso en forma reiterada; falsificación o alteración de documentos oficiales y presentados ante los juzgados de distrito; grave acoso laboral denunciado en forma colectiva por al menos 17 trabajadores de diferentes áreas y otros tantos denuncian en forma anónima; notificaciones amañadas de determinantes millonarias; ataques a la 4T en horario laboral al compartir mensajes del feroz detractor, Chumel Torres, en grupos de trabajo de WhatsApp al interior de la institución SAT

Estas funcionarias del SAT siguen “extrañamente” en sus puestos en Nuevo León, pese a formar parte de la camarilla de ex administradora del SAT en Nuevo León, Laura Elizabeth Alcalde Ramírez, cesada por malos manejos y presunta corrupción, en diciembre del año pasado. Las Sub administradoras Diana Blanca Estela Ramírez Mendoza así como Irene Celia Cabrera Méndez, se dicen protegidas por altos funcionarios del SAT México.

Los trabajadores afectados cuentan ya con la asesoría del Diputado Federal del PT en alianza con Morena, Gerardo Fernández Noroña, y denunciaron tortugismo en el órgano interno de control del SAT ante la Secretaría de la Función Pública, por no atender denuncias de Corrupción e Impunidad en forma oportuna

Por otra parte, no obstante que el Presidente López Obrador se ha pronunciado en favor de los nuevos sindicato y de rebelarse a líderes charros, la licencia sindical del reciente Presidente de la Comisión Nacional del Trabajo  del Sindicato Nacional Democrático del SAT, Alejandro Valdez López, se encuentra bloqueada pese a ser solicitada desde el año pasado al área de Capital Humano del SAT, no obstante de tener derecho a ella, y se sospecha que ese bloqueo de licencia, se debe a que Valdez López tuvo la osadía de denunciar actos de corrupción e impunidad en el SAT de Nuevo León