El embajador realizó su propuesta en términos respetuosos y, hasta donde es posible inferir de sus palabras, movido por buenas intenciones. Sin embargo, resulta inaceptable para México en la medida en que supondría convertirse en una suerte de maquilador o bodega energética para otra economía; es decir, subordinar la política energética nacional a las necesidades y los designios de las compañías estadunidenses. La historia ha mostrado reiteradamente que el sector energético es un factor de poder cuya apertura a capitales o directrices foráneos lesiona la soberanía e incrementa la dependencia hacia el exterior. Como se ha constatado a lo largo del presente sexenio, la recuperación de la soberanía en este rubro es una tarea ardua que enfrenta sabotajes externos e internos y exige una enorme voluntad política y respaldo social. Por ello, sería un error desperdiciar todo lo avanzado en la reconstrucción de la industria eléctrica y de hidrocarburos para aceptar elpapel de batería para las corporacionesestadunidenses.

Por el contrario, es necesario consolidar los logros que fortalecen al país y favorecen a sus clases populares. En cinco años, la decisión estratégica del Estado mexicano de rescatar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del desguace neoliberal ha permitido garantizar el abasto eléctrico a 99.9 por ciento de los habitantes conectando a 46 millones de usuarios a través de una red de un millón de kilómetros, con 200 mil de transmisión y 800 mil de distribución. Ninguna de las redes estatales o regionales de Estados Unidos se compara con la red nacional mexicana. Además, la rehabilitación, construcción y compra de refinerías ha reducido la dependencia de combustibles importados y significará un ahorro de 300 mil millones de pesos en los siguientes lustros. La tarea del próximo gobierno federal no es poner todos estos avances al servicio de intereses extranjeros, sino impulsar una estrategia integral de desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas e industriales que lleven a la producción autóctona de bienes de capital y equipos para usos finales del sector que sustituyan de manera gradual al sistema energético sustentado en energía primaria fósil.

El propio Salazar señaló que la red nacional es una ventaja de México sobre Estados Unidos, pero esta ventaja deriva de una comprensión totalmente distinta de la industria eléctrica: en su país se le concibe como productora de una mercancía más y se deja que los privados configuren los sistemas de generación, transmisión y distribución de acuerdo con el principio de maximizar sus ganancias; aquí, en cambio, se entiende como un instrumento de desarrollo, como un servicio público cuya finalidad no es el lucro, sino el bienestar de la población y la garantía de derechos. Por este motivo, existe una incompatibilidad de fondo que impide la integración: ni las compañías estadunidenses renunciarán a perseguir la máxima rentabilidad para atender a consideraciones sociales, ni el Estado mexicano debe dejar de lado su compromiso con la ciudadanía para proporcionar ganancias a firmas foráneas.

Estados Unidos, como principal responsable del cambio climático (15 por ciento de los gases de efecto invernadero), debe resolver su transición energética en sus propios términos y con sus mismos recursos y México, que aporta menos de una décima parte que su vecino, debe trazarse su propia ruta.