La estrategia enfatiza el objetivo de superar la “epidemia de opiaceos”, por la que se registraron 105 mil 752 muertes por sobredosis de drogas -un 66 por ciento de éstas por opiaceos sintéticos incluyendo fentanilo- en un periodo de 12 meses, un nivel sin precedente, y donde desde 1999 hasta la fecha las sobredosis han causado la muerte de aproximadamente un millón de estadunidenses.

Por lo tanto, declaró el presidente Joe Biden, la estrategia se enfocará “en los dos grandes impulsores de la epidemia de opiaceos: la adicción no atendida y el narcotráfico”. Agregó que “es hora de que tratemos la adicción como cualquier otra enfermedad, y al mismo tiempo estamos irrumpiendo en las redes financieras de los narcotraficantes, sus cadenas de suministro, y las rutas de entrega, incluyendo en el Internet”.

La primera parte de la estrategia su enfoca en programas de prevención, tratamiento y “reducción de daños” desde una perspectiva de salud pública. A la vez, se intensifica “combatir la producción doméstica de cultivo y producción de drogas sintéticas y su tráfico”.

Tal vez una novedad en esta estrategia inaugural de este gobierno es el reconocimiento explícito de que políticas domésticas antinarcóticos han impactado de manera extrema a comunidades minoritarias. “El arresto y encarcelacion por delitos relacionados con uso y posesión de sustancias afectan de manera desproporcionada a comunidades afroestadunidenses, indígenas y de personas de color”, afirma el documento, haciendo referencia a datos que indican que los afroestadunidenses tienen cinco veces más probabilidad de ser encarcelados por delitos de droga que los blancos.

La dimension internacional

El documento afirma que “la mayoría de las drogas ilícitas consumidas en Estados Unidos son producidas en el extranjero por organizaciones criminales trasnacionales” (TCO, siglas en inglés), las cuales “amenazan la salud y seguridad de nuestras comunidades al exponer a nuestros ciudadanos a sustancias ilícitamente fabricadas”. Más aún, las TCO “representan una amenaza a la seguridad nacional” y “la mayor amenaza criminal a Estados Unidos”, afirma la estrategia al abordar la dimensión internacional de la lucha antinarcóticos.

La estrategia propone redoblar la cooperación internacional y abordar los problemas del narcotráfico como “una responsabilidad compartida” (frase resucitada después de su entierro temporal durante el gobierno de Donald Trump). Enfatiza el esfuerzo dedicado a combatir a las redes y mecanismos financieros de las TCO como prioridad.

México

En torno a México, la estrategia nacional afirma que las organizaciones criminales de México suministran la mayoría de la cocaína (proveniente de Colombia), metanfetaminas, heroína, fentanilo ilícitamente fabricado (con químicos precursores provenientes de China) y mariguana que ingresa a Estados Unidos.

“Los gobiernos de Estados Unidos y México han desarrollado un entendimiento común sobre el impacto negativo económico, en seguridad y en salud pública” de las TCO, afirma el documento agregando que ambos gobiernos “están de acuerdo que reducir el suministro de drogas lícitas es una responsabilidad compartida”.

Detalla algunos de los mecanismos de cooperación existentes, y solo en una referencia muy general indica algunos conflictos: “A pesar de los desafíos resultado de la ley de seguridad nacional de México de 2020”, los esfuerzos estadunidenses emplearán “nuestra asociación con oficiales de seguridad pública, analistas, químicos, investigadores, fiscales y personal militar mexicanos para identificar y desmantelar de manera segura los laboratorios clandestinos de droga y llevar ante la justicia a los responsables”.

Subraya que se buscará implementar un programa acordado para la erradicación de amapola como también esfuerzos para abordar seguridad en los puertos marítimos, entre otros esfuerzos de cooperacion en México.

“Respetando la soberanía de México, continuaremos impulsando esfuerzos más allá de iniciativas de construcción de capacidad con México para abordar la responsabilidad compartida de nutrir el desarrollo regional igualitario”, como también emplear el Marco Bicentenario en “modernizar la cooperación de seguridad” bilateral tanto en combatir la producción y traslado de drogas, reducir demanda en ambos países y reducir el número de armas ilícitas que se trasladan por la frontera común.

Pero casi todos estos elementos han sido parte de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos desde que se proclamó la “guerra contra las drogas” hace medio siglo. A pesar de los datos que presenta confirmando que los problemas de adicción, sobredosis, oferta y más son cada vez peores, en ningún lugar en esta nueva versión de la estrategia oficial se reconoce que estas tácticas de “reducción de consumo” doméstico y de interdicción e intervenciones internacionales -todo parte de un marco prohibicionista- han fracasado hasta ahora.

De hecho, esfuerzos para desmantelar el modelo prohibicionista de la lucha antinarcóticos proceden por todo el país -algo no mencionado por el documento- y son ahora 18 estados y la capital federal de Washington que han legalizado la mariguana para usos recreativos, incluyendo Nueva Jersey, que este mismo jueves inició la venta legal de canabis; en 37 estados es legal el uso medicinal. Sin embargo, la canabis sigue siendo calificada como una droga ilegal por las autoridades federales.

[El documento esta disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/National-Drug-Control-2022Strategy.pdf].