El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha mantenido su apuesta por una postura de “abrazos, no balazos” para enfrentar al crimen organizado y sofocar el clima de violencia que ha sido una de las principales causas de la migración hacia EU.

Sin embargo, después de que hombres armados intentaron invadir un pueblo en el estado de Coahuila, en el norte del país, algunos creen que sólo una estrategia contundente podrá evitar el resurgimiento de la violencia, la disputa de los cárteles en la región y el aumento de la población desplazada.

El miedo se ha apoderado de los vecinos de Villa Unión, una localidad ubicada a 65 kilómetros de la frontera con Texas, tras el ataque del pasado fin de semana que dejó el centro de la ciudad totalmente acribillado y causó la muerte de al menos 23 personas.

Muchos entre los 6.000 habitantes temen un regreso de la violencia que se registró entre 2010 y 2013, cuando los sanguinarios Zetas reinaban la región con secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas.

Y estos días han sido un recordatorio de lo que ocurrió en 2011 a tan solo 20 kilómetros del lugar, en el municipio de Allende, cuando una venganza entre miembros de Los Zetas dejó al menos 70 muertos, un número indeterminado de desaparecidos y decenas de casas destruidas o quemadas sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.

“Dado el deterioro en la situación de seguridad en muchas partes de México, con niveles de homicidios que están superando incluso los elevados niveles récord de 2018, parece probable que más mexicanos estén abandonando sus poblaciones por temor y por la creciente sensación de que el gobierno mexicano, en todos los niveles, es incapaz o no está dispuesto a protegerlos”, dijo Maureen Meyer, directora para México y derechos de los inmigrantes en la Washington Office on Latin America, un grupo de investigación en derechos humanos.

Los grupos que viajan como familias representaron el 23% de todos los mexicanos arrestados o detenidos en la frontera en agosto, un cambio importante en comparación con oleadas migratorias previas en las que casi todos los mexicanos eran hombres solos, según cifras de la CBP.

Otro cambio importante es que 36% de los mexicanos se presentaron en los cruces fronterizos oficiales _la forma en que Estados Unidos pide actuar cuando se desea solicitar asilo_ a diferencia de épocas pasadas, en que casi todos intentaban cruzar ilegalmente.

El gobierno estadounidense tiene espacio limitado para detener a familias y, según un acuerdo judicial, debe liberarlas a más tardar en 20 días. En general, las familias que desean asilo han sido liberadas en Estados Unidos con un monitor electrónico de tobillo para el jefe de familia y una orden de presentarse en las cortes de inmigración, las cuales tienen un enorme número de casos atrasados y pueden tardar años en resolverlos.

Eso cambió para todos, salvo los mexicanos, con los nuevos límites estadounidenses al asilo y su política de hacer que los que desean obtenerlo aguarden en México, llamada oficialmente “Protocolos de protección al migrante” y coloquialmente “Permanecer en México”.

“Es un cambio bastante drástico de lo que hemos estado observando en el último par de años”, dijo Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada en la Escuela Schar de Políticas y Gobierno en la Universidad George Mason. “Ahora se ha corrido la voz, y actualmente los mexicanos son los únicos que pueden solicitar asilo”.

En Phoenix, sólo entre 40 y 50 personas están siendo puestas en libertad en Estados Unidos cada día, aproximadamente la mitad de las que eran liberadas cuando estaba llegando el mayor número de personas.

Uno de los sitios a donde las familias son enviadas es The Welcome Center, una escuela primaria abandonada convertida en albergue y operada por el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), donde se pueden albergar unas 70 personas, pero está incrementando su capacidad casi al cuádruple.

Desde que abrió sus puertas el 27 de julio, el Welcome Center ha recibido a 567 personas, dijo Stanford Prescott, portavoz del IRC. Casi 64% eran mexicanos, y casi 7% guatemaltecos. En marzo y junio, antes de que el Welcome Center abriera pero cuando el IRC y otros ya estaban apoyando a las familias migrantes, aproximadamente el 76% de las familias que recibían servicios eran guatemaltecas.

En un centro de detención de familias en Dilley, Texas, cerca del 30% de las familias a las que da servicio el Dilley Pro Bono Project _una institución de apoyo a los migrantes_ son mexicanas, en comparación con sólo 1% antes de este mes.

Aun así, los mexicanos, al igual que los de otras nacionalidades, deben esperar en México, usualmente durante meses, para hacer sus solicitudes iniciales con sistemas de turnos creados el año pasado porque Estados Unidos procesa un número limitado de solicitudes cada día.

En Ciudad Juárez, unas 100 familias integran el campamento de carpas alineadas a ambos lados de una calle que conduce a la avenida principal de la urbe y al cruce fronterizo Paso del Norte, donde se procesan las solicitudes de asilo. Algunos en el campamento dijeron que habían llegado debido a la falta de empleo en el sur de México.

Un hombre que no quiso proporcionar su nombre indicó que se fue de Michoacán porque una pandilla le avisó que obligaría a su hijo de 18 años a unírseles. Él y otros que viven en un campamento de carpas dijeron que hubo dos balaceras cerca de allí, una el miércoles y otra el martes. Luego del primer tiroteo decidió trasladar a su familia a un cuarto de hotel, aunque dejó su carpa en la acera.

Con material de agencias