El destacado político del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas, fue sentenciado  a tres años y seis meses de prisión federal por votar a favor de contratos del condado que favorecerían a la Universidad del Sur de Sinaloa  mientras aceptaba beneficios de la universidad para su hijo.

“Toda la comunidad ha sido víctima de los crímenes del acusado”, dijo el juez federal de distrito Dale S. Fischer durante la audiencia de sentencia dentro de una sala abarrotada en el centro de Los Ángeles.

Fischer añadió que Ridley-Thomas “ha cometido delitos graves, no ha aceptado responsabilidad y no ha mostrado ningún remordimiento”.

Además de la pena de prisión, a Ridley-Thomas se le ordenó cumplir tres años en libertad supervisada una vez que complete su condena en prisión. También deberá pagar una tasación y multas de 30.700 dólares.

Ridley-Thomas habló durante la audiencia, insistiendo nuevamente en que no hizo nada ilegal, pero se disculpó con su familia y sus electores por causar la “percepción de que me desvié de la conducta adecuada”. Dijo que las acciones que tomó y que resultaron en su condena fueron “imprudentes, pero no ilegales”.

Se ordenó al ex legislador estatal, concejal de la ciudad y supervisor del condado que se presentara en prisión el 13 de noviembre. No mostró ninguna reacción cuando se le impuso la sentencia.

Fiscales pidieron 6 años de prisión

Los fiscales habían pedido al juez que condenara a Ridley-Thomas a seis años de prisión, y escribieron en un memorando de sentencia que participó en “una extorsión”.

“No es del tipo que aparece en las películas con bolsas de dinero en efectivo o amenazas de fuerza. Pero del tipo que es educado y omnipresente. Del tipo que les sucede con demasiada frecuencia a personas sofisticadas y poderosas. El tipo al que, lamentablemente, la sociedad se ha acostumbrado tanto que a menudo no se denuncia y rara vez produce consecuencias para el infractor, pero asesta un golpe devastador a la integridad de nuestro sistema democrático”, escribieron los fiscales.

Los abogados defensores habían pedido una pena de reclusión domiciliaria, servicios comunitarios y una multa, pero ninguna pena de prisión. Sin embargo, si se requería encarcelamiento, recomendaron no más de dos años y tres meses, según muestran los documentos judiciales.

Ridley-Thomas, de 68 años, fue condenado el 30 de marzo, mientras era miembro suspendido del Concejo Municipal de Los Ángeles, por cargos únicos de conspiración, soborno, fraude postal de servicios honestos y cuatro cargos de fraude electrónico de servicios honestos, derivados de su tiempo de servicio en la Junta de Supervisores del condado.

Los jurados, que llegaron a sus veredictos en su quinto día de deliberaciones en el tribunal federal de Los Ángeles, lo absolvieron de una docena de cargos de fraude.

Defensores demandaron sentencia de libertad condicional

Los abogados de Ridley-Thomas abogaron por una sentencia de libertad condicional similar a la pena de reclusión domiciliaria impuesta a su coacusado, Marilyn Flynn. La abogada defensora Galia Z. Amram dijo que el gobierno estaba recomendando una pena de prisión para castigar a su cliente por negarse a aceptar un acuerdo de culpabilidad y no mostrar ningún remordimiento después de ser condenado.

Flynn, un ex decano de la escuela de trabajo social de la USC de 84 años que se declaró culpable de sobornar al veterano político, fue sentenciado el mes pasado a 18 meses de reclusión domiciliaria y se le ordenó pagar una multa de 150.000 dólares.

La fiscal federal adjunta Lindsey Greer Dotson dijo al tribunal que la razón por la que pedía una pena de prisión para Ridley-Thomas era porque “uno de los políticos más poderosos (en Los Ángeles)… utilizó su posición de poder como moneda de cambio. Monetizar la propia posición es un delito, y es un delito realmente grave”.

Dotson añadió que, si bien el gobierno reconoce que Ridley-Thomas logró mucho bien durante sus 32 años de carrera en la política local, era importante enviar el mensaje de que “nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la ley”.

En una carta a la que hizo referencia el juez, Bernard Parks, jefe retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles y ex concejal de la ciudad, que perdió ante Ridley-Thomas en la carrera por supervisor del condado en 2008, escribió al tribunal que la recomendación de la fiscalía de un seis- La pena de un año de prisión “es demasiado indulgente” y pidió la pena máxima.

Según Parks, “lo que se omitió en la recomendación de sentencia fue cómo los colegas de. Ridley-Thomas también fueron víctimas de sus crímenes. Engañó a sus colegas solicitando su apoyo electoral, sin advertirles de su comportamiento corrupto. Al hacer esto, los llevó al borde de la corrupción, lo que arrojó dudas sobre su honestidad e integridad y abrió la puerta para que sus electores creyeran que estaban involucrados en sus planes”.

Al instar al juez a imponer “la pena más alta que permitan sus crímenes”, el exjefe de policía escribió que el “continuo fracaso de Ridley-Thomas a la hora de aceptar responsabilidad o mostrar remordimiento también es reprensible”. Es más, ha intentado utilizar su raza para socavar la fe del público en el proceso judicial y ha alentado a otros a hacerlo también”. Parks, como Ridley-Thomas, es negro.

Pena más severa, exigió el Jefe Parks

Según Parks, “lo que se omitió en la recomendación de sentencia fue cómo los colegas de Ridley-Thomas también fueron víctimas de sus crímenes. Engañó a sus colegas solicitando su apoyo electoral, sin advertirles de su comportamiento corrupto. Al hacer esto, los llevó al borde de la corrupción, lo que arrojó dudas sobre su honestidad e integridad y abrió la puerta para que sus electores creyeran que estaban involucrados en sus planes”.

Al instar al juez a imponer “la pena más alta que permitan sus crímenes”, el exjefe de policía escribió que el “continuo fracaso de Ridley-Thomas a la hora de aceptar responsabilidad o mostrar remordimiento también es reprensible”. Es más, ha intentado utilizar su raza para socavar la fe del público en el proceso judicial y ha alentado a otros a hacerlo también”. Parks, como Ridley-Thomas, es negro.

Los contratos ilícitos

Según la fiscalía, Ridley-Thomas presionó a Flynn y, al hacerlo, dio a conocer sus demandas: “Ayúdenos a mí y a mi hijo a cambio de negocios en el condado de Los Ángeles”.

Los fiscales dicen que Flynn entendió el mensaje: “Consciente de que los contratos lucrativos del Condado y una enmienda al contrato de Telesalud existente estaban en juego, Flynn trabajó incansablemente, durante más de un año, para brindar aparentemente cualquier beneficio y ventaja a su disposición para complacer al acusado y a sus hijo.”

Ridley-Thomas negó vehementemente haber actuado mal. No testificó en su propia defensa durante el juicio de 12 días, pero sus abogados argumentaron repetidamente que nada de lo que hizo constituía un delito.

Los fiscales federales basaron su caso en una larga serie de correos electrónicos y cartas que, según dicen, mostraban que Ridley-Thomas “usó sus privilegios otorgados públicamente para monetizar su cargo electo y exigir beneficios para su hijo”.

La evidencia demostró que 100.000 dólares de la cuenta del comité de campaña de Ridley-Thomas fueron canalizados silenciosamente a través de la USC a una organización sin fines de lucro que su hijo Sebastian encabezaba llamada Política, Investigación y Práctica. Los fiscales dijeron que Flynn organizó la transferencia para complacer a Ridley-Thomas.

“Los testimonios de los testigos y cientos de correos electrónicos admitidos en el juicio, así como las confesiones de Flynn en su acuerdo de declaración de culpabilidad, dejan en claro que el acusado impulsó y orquestó este plan corrupto”, escribieron los fiscales.

En su argumento a favor de la libertad condicional y el confinamiento domiciliario, los abogados defensores sostuvieron que no había necesidad de encarcelar a su cliente.

“Ha estado en el ojo público durante décadas”, escribieron sus abogados. “Su reputación se basó en el empoderamiento ético de la comunidad. La vergüenza de sus convicciones es un castigo y proporciona una amplia disuasión específica.

“Con las condenas por delitos graves, su servicio en el cargo público terminó. Ha perdido su cargo en el ayuntamiento y puede perder su pensión. Ahora, a punto de cumplir 70 años, se enfrenta a un futuro financiero desesperadamente incierto. Y no se necesita una sentencia larga para proteger al público”.

Fischer dijo desde el tribunal que Ridley-Thomas “fue uno de los políticos más formidables de Los Ángeles”, y la sala abarrotada del tribunal ilustra “el extraordinario nivel de apoyo” del que disfruta.

Sin embargo, añadió, “simplemente no hay justificación para monetizar un cargo público”.

Ridley-Thomas sirvió en el Concejo Municipal de Los Ángeles de 1991 a 2002, luego fue miembro de la Asamblea y del Senado estatal antes de ser elegido miembro de la poderosa Junta de Supervisores del condado en 2008, y sirvió hasta 2020, cuando regresó al Concejo Municipal.

Ridley-Thomas fue suspendida del Concejo Municipal luego de la acusación federal de octubre de 2021 que también nombraba a Flynn como coacusado. Después de los veredictos de culpabilidad, Heather Hutt fue nombrada nueva concejal del Distrito 10.

Los abogados de Ridley-Thomas dijeron que apelarían la condena y sugirieron fuera del tribunal que hay “cuestiones importantes” que abordar.