Migración y armas: una negociación desigual entre México y EU

August 13, 2019 - por

Migración y armas: una negociación desigual entre México y EU

Kevin de León, presidente emérito del Senado de California, promotor del control de armas.

De la misma forma en que México ha conseguido reducir el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard ha asegurado que el gobierno de Donald Trump le ha hecho una insólita promesa: ayudarle a combatir el tráfico ilegal de armas hacia México.

Se trataría, pues, de una forma de corresponder al “exitoso” papel desempeñado por México para reducir al máximo el trasiego de inmigrantes indocumentados por sus fronteras sur y norte.

Una misión que, de forma oficiosa, lo ha convertido en un “tercer país seguro” para recibir a ciudadanos de terceros países que le son devueltos por Trump para ofrecerles un “refugio” tan arriesgado como temporal mientras se resuelven sus peticiones de asilo.

Para nadie es un secreto que el tráfico de armas (sobre todo las de asalto) ha sido un quebradero de cabeza de gobiernos pasados y una de las prioridades del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para combatir al crimen organizado y reducir al máximo la violencia que sufren millones de ciudadanos.

Para tal efecto, añadió Ebrard, se realizarán de forma conjunta operativos de control en cinco puntos fronterizos: Tijuana, San Diego; Ciudad Juárez, El Paso; Reynosa, Matamoros, Laredo y Nuevo Laredo.

En el inicio de esta misión conjunta, muchos se preguntan ¿qué tan prometedor es el inicio de colaboración entre México y Estados Unidos?

Para responder a esta incógnita, habría que remontarse a los intentos (todos ellos fallidos) que realizaron anteriores gobiernos hacia ambos lados de la frontera.

Pero, además, destacar la naturaleza de una industria armamentista que ha sobrevivido y prosperado gracias a su habilidad para corromper al poder político en Estados Unidos y su probada sagacidad a la hora de forjar alianzas con déspotas autocráticos y el crimen organizado más allá de sus fronteras.

En el primer punto, habría que recordar que durante los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón, los intentos por combatir el trasiego ilegal de armas desde Estados Unidos fueron no sólo un absoluto fracaso, sino que dejaron al descubierto las complicidades que permitieron dotar de una capacidad de fuego sin precedentes a los carteles de la droga.

Los infames operativos bautizados bajo los nombres de “Receptor Abierto” (2006) y “Rápido y Furioso” (2010), sólo dejaron en claro la incapacidad de ambos países para combatir un crimen en el que, la industria armamentista y el crimen organizado, siempre les llevaban ventaja.

Las técnicas de “entregas controladas de armas” ó “dejar caminar las armas” pactadas hacia ambos lados y organizadas por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), para tratar de descubrir las redes de distribución de los carteles de la droga en México, resultaron contraproducentes con los ya conocidos resultados: más muertes, más víctimas colaterales y el robustecimiento de un ejército irregular que permitió a los carteles de la droga arrebatar al Estado mexicano la exclusividad de la violencia y poner en jaque a sus instituciones.

El problema, en opinión de los propios expertos de ATF, el FBI y algunos funcionarios de la DEA, fueron las “terribles fallas y la negligencia” a la hora de supervisar estas “entregas controladas”.

Pero, además, la sospecha de que los cuerpos de seguridad en México, con los que se colaboró, estaban infiltrados por los carteles de la droga al más alto nivel. “En la DEA ya sabíamos que había carteles intocables o que gozaban de protección desde arriba”, aseguró un ex funcionario de la DEA a condición de permanecer en el anonimato.

Gracias a estos fallidos intentos, los carteles de la droga y el crimen organizado en general en México, consiguieron hacerse con un arsenal sin precedentes. Como, por ejemplo, los rifles Ak-47, los temidos rifles AR-15, o las pistolas 5.7 28 mm conocidas como “mata policías” por su capacidad para penetrar distintos tipos de blindaje.

Pero, quizá, el enemigo más poderoso y decisivo en esta lucha condenada al fracaso por adelantado fue la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la principal corruptora del poder político en Estados Unidos y la sepulturera de una larga lista de iniciativas que han quedado en el camino a la hora de tratar de regular la fabricación y la compra-venta de armas dentro y fuera de EU.

A manera de ejemplo, hoy ha quedado demostrado que es mucho más difícil adquirir un arma de asalto a través de la franja fronteriza con California, que desde estados fronterizos como Texas, Arizona y Nuevo México.

De hecho, según estudios realizados por especialistas como Omar García Ponce, coautor del estudio “Las leyes sobre armas en Estados Unidos y la violencia en México”, el fenómeno de la violencia en México es más acusado en localidades o municipios mexicanos que están a 160 kilómetros de Texas, Arizona o Nuevo México.

En el caso de California, las leyes que restringen la venta de armas de asalto desde 1989 en ese estado –luego de un tiroteo contra una escuela primaria en la localidad de Stockton que causó la muerte de 5 niños–, han limitado considerablemente el tráfico hacia México.

En cambio, no ha ocurrido así en estados como Texas, Arizona o Nuevo México que, tras la expiración de la prohibición contra las armas de asalto en 2004, el número de armerías se disparó a lo largo de estos tres estados (más de 7 mil en la actualidad) para convertirlos en la principal fuente de suministro de armas para el crimen organizado en México.

Por lo tanto, a menos de que haya voluntad política para meter en cintura a la NRA y a la industria armamentista, con la reimplantación a nivel federal de la prohibición contra las armas de asalto de 2004, todo esfuerzo se antoja inútil para reducir a su mínima expresión el contrabando de armas hacia México.

Según las cifras más recientes de la ATF, más del 70% de contrabando de armas a México siguen llegando desde EU (más de 200 mil). Un volumen que sigue poniendo en situación de desventaja al gobierno mexicano y sus planes por garantizar la seguridad de millones de ciudadanos.

Un último apunte es el acelerado proceso de transformación de la industria armamentista en EU, que ha decidido apostar por el armamento de tipo militar que hoy surte a ese bazar internacional al que acuden los carteles de la droga.

Según el estudio “The Militarization of the US Civilian Firearms Market” (la Militarizacion del Mercado Civil de Armas en EU), realizado por The Violence Policy Center, de las 15 empresas más importantes en la Unión Americana, 11 han decidido dar un giro importante para impulsar la producción y venta de las armas de asalto que incluyen múltiples variantes del AK-47, rifles semiautomáticos AR-15 o M-16 o la Five-Seven 5.7 28 mm.

En este contexto, ¿hay realmente esperanzas de una negociación y, sobre todo, de lucha exitosa para combatir desde México el tráfico ilegal de armas que nos inundan desde Estados Unidos?