El diario New York Times (NYT) reveló este sábado un amplio conjunto de alrededor de 23 mil mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos con nuevas pistas sobre el caso Ayotzinapa: las intercepciones telefónicas muestran que policías, militares y otros funcionarios se coludieron con el cártel Guerreros Unidos que secuestró a 43 estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

La investigación de los periodistas Natalie Kitroeff y Ronen Bergman revela mensajes de texto transcritos textualmente sin modificaciones.

“Los comandantes de policía cuyos agentes se llevaron a muchos de los estudiantes durante esa noche de 2014 habían estado obedeciendo órdenes directas de los narcotraficantes”, según muestran los mensajes de texto revelados por The New York Times. “Uno de los comandantes dio armas a los integrantes del cártel, mientras que otro respondió a una instrucción de que persiguiera a sus rivales”.

El texto del NYT agrega que “militares que monitoreaban de cerca el secuestro nunca acudieron a socorrer a los estudiantes también había recibido sobornos del cártel. En los mensajes de texto, captados en intervenciones telefónicas, los traficantes y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como putos a los que tenían en la bolsa”.

Los mensajes de texto revelados por el NYT ofrecen la imagen más clara, hasta el momento, de un posible motivo de la colusión entre las autoridades y los asesinos.

Según muestran los mensajes, un forense también prestaba servicios al grupo delictivo enviando fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes.

“Tras el asesinato de algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense, dicen los investigadores. En un testimonio inédito, un integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para desaparecer gente sin dejar rastro”, refiere el New York Times.

Sobre por qué ejecutó el cártel de Guerreros Unidos a los 43 estudiantes que se estaban formando para ser maestros y no tenían nada que ver con el crimen organizado, los mensajes revelan nuevas pistas:

“En los meses y semanas previos al secuestro, según muestran las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales. Así que cuando decenas de jóvenes llegaron a la ciudad de Iguala en autobuses de pasajeros —no muy distintos a los que el cártel usaba para contrabandear drogas a Estados Unidos— los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar, según lo que dicen ahora los fiscales”.

La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso que, a nueve años de ocurrido, muestra mínimos avances y nadie ha sido sentenciado por el crimen. En el actual Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha ordenado la detención de 20 soldados.

La versión hasta el momento es que minutos después de que los normalistas salieron de la central de autobuses, la policía los persiguió, les disparó y se los llevó. Varios integrantes del cártel han declarado que las víctimas fueron entregadas al grupo delictivo, que los mató y se deshizo de sus cuerpos.

El Ejército también estuvo implicado, pues recibió actualizaciones constantes sobre el crimen mientras sucedía. Había soldados en las calles e incluso un batallón militar local tenía a un informante entre los estudiantes, según han las indagaciones.

De acuerdo con un investigador entrevistado por el New York Times, el Ejército estaba enterado de todo esto porque se valía de una poderosa herramienta espía fabricada en Israel, conocida como Pegasus, para vigilar a los miembros del grupo.

El NYT destaca cómo durante años los investigadores que han tratado de descubrir el alcance total de la participación del Ejército han sido obstaculizados. Por ejemplo, Alejandro Encinas fue objeto de espionaje.

Luego, en julio, otro grupo de investigadores independientes indicó que abandonaría su propia investigación del crimen luego de años aludiendo a la “obstrucción a la justicia” por parte del Ejército mexicano.

El New York Times explica que las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), como parte de una investigación de las actividades de tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Durante años, México trató de acceder a los mensajes de texto, pero las autoridades estadounidenses solo entregaron los 23 mil mensajes el año pasado. Los mensajes obtenidos por el diario no abarcan la noche de la desaparición y aún faltan detalles clave de lo sucedido a los estudiantes.

Omar Gómez Trejo, el Fiscal mexicano que se enfrentó al Ejército y luego escapó a Estados Unidos, declaró al NYT que cuando leyó por primera vez los mensajes del cártel entregados por la DEA se dio cuenta de que estaba frente a una mina de oro.

“Nos mirábamos”, dijo Gómez Trejo sobre la información de las escuchas al NYT. “Qué maravilla el hecho de poder ver algo que es una revelación”.

En estas conversaciones privadas, los traficantes y los funcionarios lo admitían cuando pensaban que nadie más los escuchaba.

“En un mensaje escrito con faltas de ortografía, un integrante del cártel le preguntó a un alcalde local que tenían en nómina si debían disciplinar a un concejal: ‘Qieres q alinie a ese puto de tu rejidor, ¿o le damos pabajo?’”, se lee en el texto publicado por el NYT. “El alcalde respondió un segundo después diciendo que el regidor era trabajador. ‘Yo lo arrimo’, escribió, él “’s jalador’”.

MÁS INTERVENCIONES

Las intervenciones telefónicas no llegan al momento en lo que sucedió después de que Guerreros Unidos se llevó a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, por lo que sigue siendo un misterio.

“Según un miembro del cártel cuyo testimonio ha sido fundamental para el caso, algunos de los estudiantes fueron llevados a una casa donde los asesinaron y descuartizaron. Los machetazos dejaron cortes en el suelo, dijo un testigo, y los restos de los estudiantes después fueron quemados en el crematorio propiedad de la familia del forense”, destaca el texto del New York Times.

Lo que sí se sabe, de acuerdo con los mensajes interceptados, es que los militares sabían adónde estaban llevando al menos a algunos de los estudiantes porque estaban espiando una conversación entre un comandante de policía y un jefe del cártel mientras hablaban sobre dónde depositar a los rehenes.

“Otros documentos de inteligencia militar, que no han sido divulgados, muestran que los militares conocían la ubicación de un miembro del cártel involucrado en el secuestro días después del ataque”, se lee en el texto.

Agrega que los nexos entre el cártel y las autoridades seguían siendo fuertes.

“Uno de los traficantes implicados en el secuestro habló de cómo acababa de estar en ‘una borrachera con los soldados’ en un restaurante local, según refieren las grabaciones telefónicas. Un administrador de dinero del cártel dijo que se había hecho amigo de un comandante de la policía federal. Un regidor de la ciudad habló de contrabandear drogas a Estados Unidos”, detalla el texto del NYT.

El diario estadounidense describe una breve conversación entre la esposa de un jefe del cártel que está en la cárcel y un contrabandista para describir que aún tiene poder.

“Si sabe cómo le fue a los 43,” dijo la mujer, refiriéndose a los normalistas secuestrados. “No quiere ser el 44”.

La salida de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado mes de julio dejó muchas interrogantes en el caso Ayotzinapa. Su mensaje final apuntó directamente al Ejército, ya que destacó que la documentación entregada por la Sedena y la Semar corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada, esto a pesar de que el Presidente y esas dependencias han asegurado lo contrario.

El GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

Sin embargo, luego de estos comentarios, el Presidente en una conferencia de prensa se negó a que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval respondiera si efectivamente se había negado la información. El Presidente, en consecuencia, desestimó lo dicho por el GIEI.

Así, este septiembre de 2023 se cumplen nueve años de la desaparición de los estudiantes normalistas. Aunque los informes ya sustentan que los jóvenes ya no están con vida, más allá de los detenidos los padres piden el esclarecimiento de los hechos y saber el paradero de sus hijos.