Once mujeres  sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia, lo que resulta excesivo e inaceptable, indica el organismo.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado mexicano sobre la sentencia en la que lo responsabiliza por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, destacó la Corte IDH en el resumen de su sentencia.

La Corte IDH ordena al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos, que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal, sentando un precedente importante al explicitar que el Estado mexicano tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando.

En relación con los actos cometidos contra las mujeres de Atenco, reconoce que la violencia del operativo utilizó la violencia sexual como práctica represiva. En este sentido,la  Corte ordena al Estado, entre otras cosas, implementar medidas de atención a las mujeres y también para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.

Como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que con esta sentencia histórica, el Estado tiene la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso de Atenco y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos.

“En un contexto en el que el modelo de seguridad está a discusión en México, por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada, la sentencia emitida por la Corte en el caso Atenco obliga al Poder Legislativo mexicano a revisar la legislación que se pretende aprobar a la luz de los estándares fijados por el tribunal interamericano, que refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad”, afirmó el Centro Prodh en un comunicado.