La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG), al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tomar y publicar las medidas necesarias para proteger a las mujeres y personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Lo anterior, al otorgar un amparo contra la falta de una política pública para afrontar los efectos del programa Quédate en México. Aunque esta acción del gobierno estadunidense ya concluyó, el fallo del máximo tribunal sentó un precedente para futuros casos similares.

Por unanimidad, la primera sala del máximo tribunal amparó a la asociación civil Instituto para las Mujeres en la Migración, que reclamó que, ante la implementación de Quédate en México, el gobierno de nuestro país no había aplicado protocolos para proteger a las personas migrantes que fueron regresadas contra su voluntad a territorio mexicano por las autorida-des estadunidenses.

El proyecto de sentencia fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, y en él se establece que la SG, el Inmujeres y el INM deben “Elaborar de manera clara y precisa estrategias y acciones para la implementación del procedimiento por el cual se están recibiendo a las personas migrantes por razones humanitarias que están en espera de su resolución de solicitud de asilo ante Estados Unidos de América.”

Estas medidas deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, donde se establezca claramente la política migratoria y la forma de implementarla.

Señala que, aunque Quédate en México fue una acción unilateral del gobierno estadunidense, su impacto en nuestro país obliga a las autoridades nacionales a tomar medidas para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.

Fallo sienta jurisprudencia

Apenas el martes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el término definitivo del programa; sin embargo, esto no significa que la decisión de la SCJN quede sin efectos, pues debido a que el fallo fue aprobado por unanimidad, sentará jurisprudencia; es decir, que los argumentos que sustentan la sentencia tendrán efectos para casos similares que se planteen en el futuro, a favor de la protección de los derechos de las personas migrantes.