Un mes después de la visita oficial a México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país, señalaron casi 60 organizaciones civiles y colectivos nacionales e internacionales.

Enviaron una carta a Bachelet en la que expresaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha persistido en descalificar la labor de defensores y periodistas, lo que resulta grave ya que a 30 días de la visita de la funcionaria internacional han sido asesinados cinco de los profesionales de estos dos gremios.

Asimismo, señalaron, las autoridades mexicanas no han presentado alguna política integral para investigar, sancionar y reparar a miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

La misiva es firmada por Organizaciones y colectivos nacionales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Documenta, con el apoyo de agrupaciones internacionales como la Organización Mundial contra la Tortura y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otras.

Otro punto fundamental que resaltaron en la carta enviada a la titular de la ONU-DH es en la necesidad de que se asegure el carácter civil de la Guardia Nacional, como la propia Bachelet lo señaló en su paso por México. “No obstante nos siguen preocupando los cada vez más contundentes intentos del Ejecutivo federal por integrar y subordinar esa nueva institución a las fuerzas castrenses”.

Al respecto, lamentaron que las organizaciones y colectivos no hayan sido involucrados en el diseño del acuerdo que la ONU-DH firmó con el gobierno federal para la asistencia técnica en la conformación de la Guardia Nacional. “Confiamos en que su Oficina actuará en lo sucesivo de manera transparente con la ciudadanía, de forma que informará oportuna, adecuada y públicamente, con indicadores claros y medibles, sobre esas actividades de asesoría y asistencia técnica que surjan del mencionado acuerdo”.

Solicitaron a Bachelet que en breve se presente el informe de hallazgos en torno a la situación de las garantías fundamentales que pudo constatar en su visita a México (que se realizó del 5 al 9 de abril), “el cual contenga recomendaciones dirigidas a los poderes del Estado mexicano para revertir los problemas estructurales que promueven la repetición de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Confiamos en que estos exhortos fortalecerán y no debilitarán los realizados por su antecesor (Zeid Ra’Ad Al Hussein) en su visita en 2015; las cuales no sólo mantienen una indiscutible vigencia, sino que gran parte de ellas aún faltan por cumplir”.

Plantearon la necesidad que la ONU-DH ofrezca acompañamiento y cooperación técnica al Estado mexicano para esclarecer y reconocer graves violaciones de garantías fundamentales y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado y otros grupos armados; para que se construyan mecanismos que permitan dignificar a las víctimas; y perseguir penalmente a los perpetradores, a través de la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y del establecimiento de un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en México con la participación de la sociedad civil; entre otras.