Solución al problema creado por las chárter que subinscriben a estudiantes con discapacidades, exigen miembros de la comunidad, expertos, maestros y catedráticos. Piden al gobernador Gavin Newsom, a autoridades escolares estatales y locales, a legisladores, que no posterguen esta situación ya que de lo contrario “el sistema de educación pública se volverá cada vez más segregado y desestabilizado”.

Tales exigencias se han acentuado a partir del reporte -elaborado por especialistas de UTLA, siglas del Sindicato de Maestros de Los Angeles , y de CTA, la Asociación de Maestros de California-, que de manera pormenorizada acredita que las escuelas autónomas aceptan a menos estudiantes con discapacidades que los planteles oficiales, lo que impacta fiscalmente de manera seria -y en algunos casos alarmante- en los distritos escolares.

“Este informe es un punto de partida para conversaciones críticas sobre cómo nos comprometemos de nuevo con la próxima generación y la promesa de ayudar a cada estudiante a prosperar y alcanzar todo su potencial”, expresó la doctora Roxana Marachi, catedrática sobre educación, en el Valle del Sillicon.

De acuerdo al estudio, en el año académico 2016-2017, las chárter en los distritos escolares de San Diego y Los Angeles sirvieron a menos estudiantes con discapacidades que las escuelas oficiales a razón del 11.01% contra 14.27%, mientras que en Oklamnd la desproporción fue  casi del doble” 7.67% frente a 13.58%.

Las cadenas escolares chárter más grandes de California tuvieron inscripciones menores al 10%:  ASPIRE (8,61%), Celeridad (9,42%), KIPP (9,98%), Escuelas Públicas Inspire (7,05%) y Rocketship ( 7,34%).

El impacto fiscal bruto para estos tres distritos fue entre 64.52 millones de dólares y 97.19 millones anuales.

Ante esta situación, diversos miembros del sector educativo, de investigadores y comunitarios han pedido a las autoridades que metan en cintura a las chárter para que las hagan responsables, transparentes y rindan cuentas.

UTLA PIDE A FUNCIONARIOS QUE TOMEN MEDIDAS

Alex Caputo-Pearl, líder de UTLA, expresó:

“Es innegable que se ha creado un sistema que recompensa a las escuelas que están eligiendo subinscribir a estudiantes con discapacidades. Junto con el hecho de que hay poco que se puede hacer para que la industria chárter sea responsable, tenemos un sistema desequilibrado en el que nuestros estudiantes más vulnerables están en riesgo. Pedimos a los funcionarios electos que lean este informe innovador y tomen medidas”.

Y la vicepresidenta de ese gremio magisterial, Gloria Martínez, manifestó:

“Este informe es una llamada de atención en la forma en que servimos a nuestros estudiantes con necesidades especiales. Debemos exigir una mayor supervisión de los solicitantes de chárter. Seguiremos abogando por nuestros estudiantes más vulnerables, especialmente en un sistema que está configurado para expulsarlos”.

Juan Ramírez, vicepresidente de UTLA, hizo saber que el estudio será presentado el 3 de septiembre durante la sesión del Supervisor Austin Beutner y los siete integrantes de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD), para que conozcan esta situación con detalle y procedan en consecuencia.

Ramírez indicó que las conclusiones del reporte ponen de relieve la necesidad de fijar un alto o una pausa al crecimiento de las chárter, que son financiadas con fondos públicos pero operadas por particulares sin que rindan cuentas ni sean transparentes.

En Los Angeles se concentra el mayor número de chárter del país, unas 240, pero en lugar de que las autoridades atiendan y resuelvan el problema, cada mes autorizan la operación de más escuelas de ese tipo, dijo Ramírez.

Señaló que el problema debe ser resuelto a la mayor brevedad posible, ponerle “un hasta aquí”. Indicó que durante muchos años, UTLA ha denunciado que las chárter discriminan a niños con discapacidades.

Aseguró que debido a ello, los niños con más necesidades que representan más gastos tienen que ser atendidos – por ley- por la institución pública. “Tenemos maestros calificados para hacerlo, el problema es que hay carencia de fondos para cubrir las necesidades de todos esos niños. Es un gran problema”, planteó.

En California existen unas mil chárter y los distritos escolares de mayor relevancia son en los que se enfocó el estudio.

Juan Ramírez, vicepresidente, y Alex Caputo-Pearl, presidente de UTLA.

Maestros de chárter, integrados a UTLA, consideraron que esta investigación incluye información crucial que beneficiará a estudiantes, padres, educadores y todas las demás partes interesadas que comparten el objetivo de proporcionar la mejor educación posible para la población estudiantil de educación especial, así como el objetivo más amplio de mejorar el sistema educativo para todos los estudiantes.

Los educadores aseguran que si la industria chárter en su conjunto sirve a un menor porcentaje de estudiantes de educación especial que las escuelas públicas tradicionales, incluyendo aquellos que requieren más recursos para educar, entonces es un problema que debe ser abordado.   Y se comprometen a colaborar entre las escuelas públicas para encontrar soluciones a las desigualdades en el servicio a los estudiantes con necesidades especiales que los datos ejemplifican.

Hacen un llamado a educadores, padres, funcionarios electos y la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA) para que reconozcan los problemas y trabajen para encontrar soluciones para crear un sistema de educación pública mejor y más igualitario que sirva a todos los estudiantes.

El doctor Julian Vásquez Heilig, profesor de análisis y evaluación de políticas educativas de la facultad de educación de la Universidad de Kentucky, expresó:

“Un enfoque de educación impulsado por el mercado centrado en dólares y centavos, aparentemente ha incentivado las chárter de California a elegir e inscribir sólo a los estudiantes que requerirá la menor cantidad de esfuerzo y costo, lo que lleva a la exclusión de los estudiantes con las discapacidades más graves”.

Indicó que las ramificaciones políticas de estos hallazgos son que el gobierno federal, el estado de California y todos los autorizadores de chárter locales deben priorizar inmediatamente la eliminación de los incentivos que fomentan este comportamiento ya que todas las escuelas que reciben impuestos públicos, son responsables de servir a todos los estudiantes en California”.

Son varias las consideraciones a los encargados de la formulación de políticas que comenzarían a abordar las desigualdades detalladas en el informe. Dos medidas que actualmente están siendo consideradas por los legisladores de California que arreglarían leyes de las chárter son la AB 1505 y AB 1507.

La AB 1505 permitiría a los distritos escolares considerar el impacto fiscal de una nueva escuela chárter en los estudiantes locales, aseguraría que las comunidades locales controlen la autorización y renovación de las escuelas chárter y derogaría las disposiciones que permiten a la Junta Estatal de Educación aprobar, renovar o escuchar apelaciones de peticiones de escuelas chárter.

AB 1507 cerraría un vacío legal en la ley actual, que permite que una escuela chárter opere fuera de su distrito de autorización. Ambos proyectos de ley están actualmente en el Senado.

El reporte indica que la equidad se puede adquirir “si volvemos a la intención original de las escuelas chárter en California, que era mejorar el aprendizaje de los estudiantes al tiempo que fomentamos el uso de métodos de enseñanza diferentes e innovadores y creamos nuevas oportunidades profesionales para educadores.

“Desafortunadamente, a medida que las escuelas chárter se han expandido en California, muchas se apartaron de esta visión y son operadas por grandes organizaciones de gestión (CMO). Esto significa que con frecuencia se toman decisiones importantes sin suficiente supervisión y lejos de las comunidades escolares a las que están destinadas a servir”.

MORATORIA DE CHARTER

En junio pasado, el grupo de trabajo de la escuela chárter de California creado por el gobernador Gavin Newsom y dirigido por el Superintendente de instrucción pública, Tony Thurmond, publicó sus recomendaciones, que reiteran la necesidad de rendición de cuentas y cambios en las leyes que autorizan y operan esos planteles.

Además, postula la necesidad de establecer una moratoria de esos planteles, debido a actitudes criminales advertidas por las autoridades de parte de operadores de esos centros escolares, quienes hurtaron varios millones de dólares.

El Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, publicó el tan esperado reporte de recomendaciones de la fuerza de tareas chárter al gobernador y su equipo antes de la fecha límite del 1 de julio, como se estableció originalmente.