LOS ÁNGELES

Mitchell Englander, un exconcejal de Los Ángeles que este lunes se entregó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para hacer frente a una acusación de corrupción política, estuvo hace unos años en el ojo del huracán por un caso relacionado con los migrantes sin papeles.

Sucedió en la década pasada, cuando los indocumentados no tenían derecho a tramitar licencias de conducir en California y la Policía realizaba operativos para decomisarles sus vehículos por 30 días. Se los incautaban en retenes de sobriedad, aunque no manejaran borrachos. Tenían que pagar hasta 1,500 dólares para recuperarlos o los subastaban. Era un negocio redondo para las compañías de grúas.

Las empresas de remolque que tienen contratos con la Policía de Los Ángeles (LAPD) son parte de la asociación de Corralones Oficiales de la Policía (OPG). El tío del exconcejal, Harvey Englander, hacía cabildeo para este grupo y uno de sus socios, Eric Rose, era director ejecutivo de la OPG y además vocero del Sindicato de Policías de Los Ángeles (LAPPL). Esa fuerza política afectaba a los migrantes.

Los indocumentados pudieron respirar hasta que la Policía modificó su política de decomisos de coches y años más tarde legisladores de California aprobaron que les entregaran licencias de manejo. Gracias a la ley AB 60, 1.6 millones de migrantes ya tienen permisos de conducir.

La investigación del FBI no está relacionada con este caso. La dependencia alega que Englander aceptó dinero en efectivo, servicios de acompañantes femeninas, habitaciones de hotel y cenas en restaurantes gourmet de un empresario de bienes raíces durante viajes a Las Vegas (Nevada) y Palm Springs (California).

El empresario que supuestamente sobornó al exedil tiene grandes proyectos de desarrollo y buscaba aumentar su cartera en Los Ángeles. Él terminó cooperando con el FBI. Cuando agentes federales interrogaron a Englander, este negó las acusaciones y le pidió al testigo que hiciera lo mismo.

Ahora, el político republicano de 49 años enfrenta cargos de participar en un esquema para falsificar hechos materiales, tres cargos de hacer declaraciones falsas y tres más de manipulación de testigos. Si es encontrado culpable podría ser sentenciado a 50 años de prisión, según la Fiscalía federal.

La acusación señala que durante viajes que realizaron en junio de 2017 a Las Vegas y Palm Springs, Englander aceptó del empresario un sobre con 10,000 dólares en efectivo, servicios de “una acompañante femenina”, habitaciones de hotel, 1,000 dólares en fichas para jugar en un casino, un pago de 34,000 dólares por una visita a un club nocturno y una cena que costó 2,481 dólares.

Y durante un torneo de golf en Palm Springs, recibió un sobre con 5,000 dólares.

Desde 2011 era el representante del Distrito 12 del Concejo de Los Ángeles, el cual abarca el Valle de San Fernando, y renunció abruptamente a finales de 2018.

Tras su salida de la política local, Englander se volvió a reunir con agentes del FBI, a quienes les aseguró que, lejos de tratar de obstruir las averiguaciones, le había dicho al empresario que “sea transparente y comparta todo” a las autoridades.

El FBI advierte que investiga a otros funcionarios de Los Ángeles, pero no ha revelado sus nombres.