CIUDAD DE MEXICO

Ante el abrumador resultado en favor de Andrés Manuel López Obrador y demás candidatos de MORENA en la votación federal del pasado primero de julio, misma en la que el partido en el poder quedó más que golpeado y abatido; era un paso casi lógico y necesario para la estabilidad nacional, el ofrecimiento del actual mandatario federal  Enrique Peña Nieto, de cooperar en un proceso de transición terso, ordenado y transparente para lo que incluso hace unos días se reunió a los integrantes del gabinete para definir las líneas de cooperación con el equipo de recepción de Andrés Manuel López Obrador, quien en breve obtendrá la constancia de presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No obstante este gesto de Peña Nieto hacia López Obrador, tiene una gran dosis de control de daños.  No sólo por los nefastos resultados del PRI en la elección federal de este 2018, sino también por todos los grandes tropiezos que el gobierno peñista ha tenido en funciones,  y que ha puesto al mandatario federal frente a un abrumador rechazo de los mexicanos a su gestión

Enrique Peña Nieto recibió el mando de la Presidencia de México en el 2012 con una aceptación del 54%, que en mayo de 2013 llegó a un máximo de 57% para dilapidarla por más de cinco años y encontrarse ahora con números de fracaso, al no llegar ni a los dos dígitos de aceptación.

Gobernar no es una tarea fácil, sin embargo los traspiés deben ser los menos y muy pocos de gran impacto.  Pero Peña Nieto aplicó en contrario la fórmula.

Primero la victoria para llegar a la Presidencia, manchada por la confirmación de los consejeros del entonces IFE, de que el PRI sí entregó tarjetas bancarias (Monex), pero sin aceptar que con éstas se compró el voto  –hasta 2018 fue sancionado el partido de Peña por compra de sufragios con esos plásticos bancarios.

Más tarde un Pacto por México sin resultados reales, el cual llevó al presidencialismo al extremo en la búsqueda de la aprobación sistemática de 11 Reformas estructurales que ofrecían ser la plataforma del desarrollo del país.

Pero no pueden dejarse de lado eventos como la llamada a escena de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, construida al gusto de la familia del presidente Peña por el grupo HIGA, y valuado el inmueble en alrededor de 90 millones de pesos.  Evento que además de ominoso entre tanta pobreza nacional, llevó a la revocación de la licitación del  tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Railway Construction Corporation, en la que figuraba la misma empresa constructora de la magna residencia en cuestión.

A los temas de corrupción que se han sucedido a lo largo del sexenio –destacando la Estafa Maestra–,  agregar eventos como la nefasta investigación desde el primer momento para determinar el paradero de  43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que fueron retenidos por policías municipales por el robo de camiones para llegar al clímax de lo negativo en este renglón, con un “ya me cansé” de Jesús Murillo Karam, entonces  Procurador General de la República.

A la aplaudida captura de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, vino después una nueva huida del capo de una cárcel denominada de alta seguridad, que opacó cualquier acción en contra de la delincuencia organizada.

Sumar en primerísimos lugares también a esta lista de desaciertos del Gobierno actual, las resistencias sociales  a la reforma educativa y energética, la nueva oleada de gobernadores corruptos, la depreciación acelerada del peso frente al dólar, el plagio de la tesis de licenciatura del mismo Peña Nieto, los excesos de la mal llamada “familia presidencial”, el aumento intempestivo a los combustibles, la visita intempestiva y no controlada de un Donald Trump en calidad de candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, problemas ambientales irreversibles, la firma de decretos para racionalizar el uso del agua y claro, la desatada violencia en todo el territorio nacional que a la fecha, cobra 60 vidas al día; lo que claro ha provocado la entendible ira social.

No obstante, el caso Odebrecht con el que se sumaron recursos a la campaña presidencial de Peña Nieto y que luego agregó dividendos a las cuentas personales de Emilio Lozoya en la dirección de  Petróleos Mexicanos y a otros más que intervinieron en dichas operaciones, se vislumbra como el caso a revivir y judicializar con todas las de la ley, con la finalidad y el intento de dar un golpe de credibilidad al final del camino.

Pero no hay nada ya que borre o al menos minimice cada una de las torpezas del actual Gobierno.

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