El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales , afirmó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos. Queremos, en fin, como todo buen mexicano quiere, lograr, en la medida de nuestras competencias, un país más fuerte, más democrático, más libre, sin corrupción y sin simulación, y con la Justicia que corresponde, como derecho inalienable, al Pueblo de nuestra Nación.

“Esto no es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país. Sino la condición necesaria para alcanzar estos objetivos democráticamente.

Hagamos realidad, juntos, señor Presidente, señores legisladores, el anhelo de los próceres constitucionalistas de nuestra patria para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Nada, ni nadie sobre la Constitución”.

Durante su informe de labores, Aguilar Morales dijo que se tienen, con los otros poderes, “muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted es la máxima del Benemérito de las Américas que rige la vida de una democracia constitucional: Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho“.

Argumentó que “La Constitución es la hoja de ruta de la Nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de la convivencia social; y, como norma suprema, a ella debe ajustarse y someterse todo acto que se genere dentro de su ámbito de aplicación. De igual forma, es necesario ratificar, día con día, nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía constitucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pueblo exige y merece.

“En estos momentos en los que el país se plantea construir los caminos para la paz, la equidad y la prosperidad, es preciso destacar que estas condiciones son, como ha dicho usted, Presidente, frutos de la justicia. Por lo tanto, es menester fortalecer a las instituciones que imparten justicia. Lo que mantiene la regularidad de la República, es el derecho y el respeto“.

Previamente afirmó que las resoluciones que se dictan en el Poder Judicial de la Federación “se toman abierta y transparentemente y la divergencia de opiniones o puntos de vista no sólo no son un obstáculo para encontrar la mejor decisión a favor de los justificables, sino que enriquecen y legitiman la actividad de esta Corte, en beneficio de México”.

Divergencias no son obstáculos para la justicia

Al iniciar su informe de labores —el último de su gestión como presidente del Poder Judicial de la Federación—, dijo ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y del Senado Martí Batres Guadarrama, que el trabajo de la Corte “incide, afecta y determina la vida de los mexicanos, las resoluciones que se emiten en el tribunal Constitucional no conforman meras opiniones académicas, sino que determinan la vida de la sociedad, establecen los límites que tienen las autoridades para hacer o para abstenerse de hacer”.

Agregó que las sentencias no sólo afectan la vida de personas en lo individual sino que tienen un efecto muchas veces nacional, pues en ellas se analizan las leyes que pudieran ser contrarias a lo que exige la Constitución , y en caso de que así sea este Supremo Tribunal Constitucional tiene la facultad y la obligación de anularlas e impedir que afecten los derechos de la población”.

Resaltó que El PJF debe asumir sus responsabilidades con profesionalismo, independencia, imparcialidad y excelencia, “por ello, ante los reclamos sociales de legitimación de la SCJN y de cada uno de los órganos jurisdiccionales federales, junto Colin el Consejo de la Judicatura federal (CJF), como órgano de administración, vigilancia y disciplina, consideré indispensable llevar a cabo diversas acciones para estar a la altura de la modernización y satisfacción de las necesidades del pueblo”.

Durante su discurso, en el apartado “gestión administrativa y condiciones para el acceso a la justicia”, Aguilar Morales señaló que “la adecuada gestión de los recursos financieros, humanos y materiales con los que cuentan tanto la SCJN como el Consejo de la Judicatura, debe estar encaminada en proporcionar a los juzgadores federales las condiciones necesarias para cumplir con su objetivo protector en una justicia para los mexicanos con la amplitud y generosidad que dispone la Constitución federal, pero siempre con un sentido de cuidado del gasto, de criterios de austeridad y de lograr que los recursos se aprovecharan al máximo indispensable para no suspender el servicio público de justicia“.

Aguilar Morales defendió la manera en que se han determinado las adscripciones de jueces y magistrados y rechazó que ello “sea una cuestión de intereses, compadrazgos o consideraciones superficiales”.

Aseguró que “llegar a ser designado Juez o Magistrado es tarea profesional y cuidadosa, que se logra mediante rigurosos exámenes de oposición, en los que durante tres etapas los aspirantes deben demostrar sus capacidades y conocimientos del derecho, así como análisis y criterio jurídico, que realmente los califiquen como aptos para impartir la justicia federal. Son examinados por sinodales que establece la ley, y son tomados en cuenta sus estudios de posgrado y sus publicaciones académicas, a la vez que sus antecedentes en la carrera judicial”.

Aunque, dijo, “si, en un momento determinado, hubo alguna desviación en ello, inmediatamente que fue detectada, se tomaron medidas estrictas y contundentes, así como el inicio de procedimientos de investigación y de responsabilidad para sancionar a los malos servidores, a más de separarlos de sus cargos cuanto antes. De esto se ha informado a los Plenos del Consejo como de la Corte. Pero sin que ese evento aislado pueda considerarse como una problemática general en el sistema de selección de juzgadores. Es más, ese concurso ya no produjo resultado alguno, porque el Consejo de la Judicatura lo canceló de inmediato.

“Por ello, podemos decir sin titubeos que el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con el mandato constitucional de brindar a la población justiciable el servicio público de administración de justicia de calidad”.

Entre 2015 y 2018, fueron designados 202 magistrados de Circuito, y 388 jueces de Distrito. Esto no quiere decir que la designación como Juez de Distrito o Magistrado de Circuito sea una cuestión de intereses, compadrazgos o consideraciones superficiales.

En cuanto a responsabilidades administrativas, en los últimos cuatro años “se atendieron más de 7,000 quejas y denuncias; se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones; y fueron sancionados 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de Circuito, y 49 jueces de distrito. Las sanciones impuestas a los titulares de órganos jurisdiccionales han ido, desde amonestaciones privadas, y apercibimientos, hasta suspensión en 21 casos, 8 casos de destitución, y 4 de inhabilitación”.

Y aseguró que “n el caso del personal subalterno, también fueron impuestas sanciones semejantes. En el Consejo de la Judicatura Federal no cabe la tolerancia a la corrupción o a la conducta indebida que contravenga la ética profesional, demeritando el quehacer jurisdiccional y administrativo, en todos los casos, trátese de quien se trate se ha actuado”.

Durante los últimos meses, el Poder Judicial de la Federación ha sido el centro de múltiples críticas por los altos salarios de sus funcionarios y actos de nepotismo, además de excesos gastos y salarios de sus integrantes, en ese contexto, durante su informe, el presidente de la Corte señaló:

“La impartición de justicia debe ser una práctica cotidiana de virtudes; y, en consecuencia, para el ejercicio digno de nuestra función, lo primero a defender es nuestra independencia, real y absoluta. Sólo así desempeñaremos adecuadamente la elevada responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución, mi convicción es que si un juez no goza de condiciones de independencia deja de ser Juez, para convertirse en el mandadero de alguien. Concomitantemente, no puede tolerarse el menor acto de corrupción, y debe ser combatido con la máxima severidad posible”.

En ese mom,entró, el presidente de la Corte pidió un momento -que se extendió durante cuatro minutos- y sentarse, pues sufrió cansancio. El presidente López Obrador se levantó de su asiento y se colocó detrás de él para apoyarlo hasta que se recuperó y siguió su discurso ya sentado.

Luego, dijo que todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación son personas a los que debe reconocerse su esfuerzo, vocación y disciplina por la impartición de justicia protectora de los derechos humanos.