El pasado lunes el jefe del Ejecutivo Federal envió al Poder Legislativo la iniciativa para modificar el marco legal existente. La propuesta busca dar prioridad al despacho de energía que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que la producida por privados quedará al final.

“El proyecto de ley de reforma eléctrica presentado en el Congreso de México esta semana es profundamente preocupante”, dijo Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de EU.

“Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del T-MEC”, destacó.

Agregó que las modificaciones propuestas aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de México

“Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México”, apuntó Herrington.

Señaló que a medida que la nación mexicana emerge de la peor contracción de la economía observada desde 1932, “nada resultará más vital para su recuperación que los empleos y el crecimiento que generan los inversores estadunidenses y extranjeros”.

Por ello exhortó al gobierno del presidente López Obrador a retirar el proyecto de reforma y se comprometa con el sector privado en soluciones tangibles para impulsar la industria energética..

Agregó que espera trabajar con el gobierno del presidente estadunidense Joe Biden y México para apoyar un sector de energía eléctrica competitivo en México que “contribuya al crecimiento sostenible y la generación de empleo”.

Las declaraciones de dan unos días después de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la propuesta de reforma al sector eléctrico se trata de una “expropiación indirecta”, la cual tendría como consecuencia el aumento de precios en productos y servicios, así como un mayor costo fiscal por el subsidio que el gobierno deberá dar a CFE.

Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a la política energética del gobierno federal como un obstáculo para la competencia económica con un beneficio indebido a la empresa estatal, esto como resultado de la controversia interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).