La norma transgrede todas las convenciones internacionales en torno al asilo, la migración y los derechos humanos.

Conocida como ley Abbott, por el gobernador texano que la ha impulsado en su permanente golpeteo y extorsión contra la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, es abiertamente contraria a las leyes estadunidenses y contiene, entre otros aspectos aberrantes, la tipificación de la migración irregular como delito, la promoción del encarcelamiento masivo (hasta 20 años de prisión por cruzar la frontera sin los documentos requeridos) y la normalización del perfilamiento racial, una práctica que causa gran repulsa en ese país debido a su pasado de esclavitud, segregación y negación de derechos a la población negra. Esa táctica acarrea el hostigamiento policial contra una persona a partir del color de su piel y sus rasgos físicos, lo que sucederá de manera inevitable con la disposición que habi-lita a las fuerzas del orden a detener a cualquier persona sospechosa de haber ingresado a Estados Unidos sin papeles en regla.

El hecho de que la Corte Suprema cambiase su postura de un día para otro fue calificado de sorpresivo por la canciller Alicia Bárcena y la pobre justificación ofrecida por la mayoría conservadora de ese tribunal abona a las suspicacias en torno a la imparcialidad de los togados. La conocida sintonía ideológica de los miembros de la Corte nombrados por el ex presidente Donald Trump con el mandatario texano, combinada con la cercanía de los comicios en los que el magnate intentará volver a la Oficina Oval, hacen pensar en la existencia de componendas y pactos inconfesables entre la cúpula judicial y la clase política republicana. A los indicios de injerencias electoreras se suma la posibi-lidad de que hayan entrado en juego presiones corporativas por parte de las empresas que hacen fortunas con la operación de cárceles privadas, cuyas ganancias son cubiertas por el presupuesto público y aumentan según el número de reclusos.

En este escenario, México no debe confiar en la institucionalidad estadunidense ni limitarse a activar su red consular. Para proteger de manera efectiva a los connacionales que pudieran ser víctimas de esta cacería racista (incluidos los que ya se encuentran asentados legalmente, pero son vulnerables por su origen étnico), el gobierno mexicano tiene que acudir ante diversos organismos internacionales para denunciar a Texas como violador de derechos humanos y agresor contra la soberanía nacional.