Madrid. 

Las algaradas de los últimos días en las calles de las principales ciudades catalanas provocaron el deterioro de las ya de por sí pésimas relaciones entre los gobiernos de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y en el catalán, del independentista Quim Torra. Desde Madrid ni siquiera se contestan las llamadas telefónicas que llegan desde Barcelona para intentar encontrar una salida política y negociada al conflicto que mantiene en vilo a la región y al resto del país. Las protestas a la sentencia del Tribunal Supremo cumplieron su séptimo día, con menos intensidad y afluencia, pero con las mismas reivindicaciones: amnistía para los políticos presos, respeto al derecho de autodeterminación y la celebración de un referendo de independencia.

Mientras los servicios sanitarios siguen arrojando datos preocupantes sobre la escalada de violencia en Cataluña: más de 600 heridos, cuatro de ellos con la perdida total de un ojo, otra joven de 30 años en estado muy grave por heridas en la cabeza y un policía también en estado de extrema gravedad, los políticas catalanes y españoles siguen sin encontrar la formula para sentarse a dialogar y darle un cauce a la crisis. Más aún, ahora ni siquiera hablan entre ellos.

Desde la oficina del presidente del gobierno español y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se repitió el mismo argumento: hasta que Quim Torra no condene sin ambigüedades ni miramientos la violencia no tienen previsto contestar sus llamadas telefónicas ni sentarse en la misma mesa. El mandatario catalán, que mezcla su activismo político a favor de la independencia con sus actividades como máxima autoridad en la región, ha centrado sus últimas intervenciones en advertir a las fuerzas policiales que actúen con mesura y proporcionalidad, además de hacer un llamado a la calma para que cese la violencia.

Pese a esto, desde Madrid se entendió que era insuficiente y se criticó especialmente que atribuyera los actos más graves de violencia y el incendio de barricadas de fuego por todas las ciudades como obra de supuestos “infiltrados”, cuando ellos aseguran que la inmensa mayoría de los responsables forman parte del movimiento independentista, en su vertiente más radical y son en su mayoría jóvenes cercanos a grupos anarquistas afines al secesionismo.

El ministro Marlaska aseguró en una rueda de prensa que hay varios puntos cuyo cumplimiento exige a todos los demócratas: desmarcarse de la violencia, aislar los comportamientos agresivos y reconocer la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y en cuanto a Torra le exigió que “condene de manera firme, rotunda, sin matices, adjetivos ni medias tintas, sin equidistancia, la violencia. Nadie entiende que no lo haya hecho todavía”.

Mientras, en Cataluña, las protestas continuan por séptimo día consecutivo, aunque pierden fuerza y son cada vez menos concurridas. En la jornada de este domingo se llevó a cabo un “picnic por la República” que terminó con una protesta en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona, que consistió en llevar centenares de bolsas de basura y dejarlas tiradas en el suelo.

También hubo concentraciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en los juzgados de Girona y Tarragona, en este caso para exigir la puesta en libertad de las 18 personas que se encuentran en prisión por los altercados de los últimos días.

También fruto de la tensión que se vive estos días en Cataluña, en el bloque del movimiento independentista hay fisuras y hasta enfrentamientos ya públicos; como ocurrió en la protesta de ayer en la que fue expulsado al grito de “butifler” (traidor, en catalán) y un escrache que también le hicieron al ex presidente catalán Artur Mas y a su escolta de Mossos d´Esquadra a los que les acusaron también de “traidores”.