Nueva York

El presidente Donald Trump se ha empeñado en desafiar, por la vía de los hechos, el fallo emitido por la Suprema Corte que le obliga a recibir y procesar nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, eludiendo así un fallo de la Corte Suprema que restablece DACA, dicen expertos legales y legisladores.

El tribunal dictaminó el mes pasado que la administración Trump no había seguido la ley procesal federal o justificó la terminación de DACA en 2017, calificando la rescisión como “arbitraria y caprichosa”.

DACA otorga protección contra la deportación a los llamados Dreamers traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. El programa de la era Obama, que cuenta con apoyo bipartidista, ha brindado ayuda temporal a unos 700,000 jóvenes inmigrantes, con casi 200,000 receptores de DACA en California.

El tribunal no decidió sobre la autoridad ejecutiva de Trump para rescindir DACA, y ofreció a la administración una hoja de ruta sobre cómo tratar de ponerle fin definitivamente.

Pero a pesar de amenazar con otro intento de cerrar el programa, el presidente no lo ha intentado. El lunes, 25 días después del fallo, fue la fecha límite para que la administración solicite una nueva audiencia, y no fue así.

Pero tampoco los funcionarios se han movido para restaurar el programa.

Frente a esta actitud, los detractores de las nuevas reglas propuestas por el gobierno del presidente Donald Trump para restringir el asilo en Estados Unidos enviaron un aluvión de comentarios en contra del proyecto, con la esperanza de que una antigua ley que sirve de contrapeso al poder presidencial debilite o incluso anule esa propuesta.

Los opositores remitieron casi 80.000 comentarios públicos antes del fin del plazo el miércoles, y de esa cifra unos 20.000 fueron presentados en las últimas horas para hacerlo.

El gobierno de Trump debe atender cada preocupación en las disposiciones finales, enfilándose a enfrentar impugnaciones judiciales si actúa con premura o descuido.

“Esta es una especie de guerra de trincheras en derecho administrativo ordinario”, dijo Jonathan Alder, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Case Western. “Ha sido el caso desde hace tiempo que los oponentes a la acción de una agencia busquen inicialmente inundar la zona con comentarios y objeciones procesales como una manera de retrasar las cosas y provocar un error”.

La propuesta ordena a los jueces de inmigración que sean más selectivos cuando acepten las solicitudes de asilo y les permite rechazar algunas sin necesidad de una audiencia en la corte. El denso lenguaje de la iniciativa describe reglas que el gobierno de Trump ya ha intentado y otras que son nuevas.

Trump ha reformado gran parte del sistema para solicitar protección humanitaria en Estados Unidos, con el argumento de que está plagado de abusos y abrumado por solicitudes carentes de mérito. Sin embargo, los tribunales rechazaron en fecha reciente algunas de sus acciones por motivos procesales, como su intento por poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) que ampara a unos 700.000 jóvenes de la deportación.

Los grupos que apuntaron sus baterías contra la propuesta más reciente enfocada en las cortes de inmigración solicitaron a sus simpatizantes que enviaran comentarios. HIAS, un grupo que asiste a refugiados, organizó hace dos semanas una sesión informativa para 370 personas.

Casi 10.000 personas utilizaron el sitio web del organismo sin fines de lucro Catholic Legal Immigration Network Inc., el cual incluía un formato y recomendaciones para escribir sus comentarios con efectividad, dijo Jill Marie Bussey, directora de fomento.

“Estas disposiciones sumergirían a Estados Unidos en la oscuridad moral”, afirmó el grupo en su propia carta de 101 páginas.

De acuerdo con la propuesta del gobierno, los jueces de inmigración, que trabajan para el Departamento de Justicia federal, podrían rechazar las solicitudes de asilo “legalmente deficientes” sin necesidad de una audiencia en la corte. Varios factores nuevos podrían pesar para denegar el asilo, como por ejemplo no haber pagado impuestos. Los antecedentes penales todavía podrían obrar en contra de un solicitante de asilo incluso si sus condenas fueron anuladas.

El propósito del asilo es proteger a la gente de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o afiliación a un grupo social particular, una categoría vagamente definida que puede incluir a víctimas de violencia de pandillas o violencia de pareja.

Según las disposiciones propuestas, los pandilleros no deben ser considerados parte de un grupo social si alguna vez fueron reclutados por pandillas o han sido blanco de pandillas, o si viven en un país con violencia generalizada. La definición de “opinión política” también tiene una interpretación más estricta.

Los detractores de Trump tienen la esperanza de que el mandatario tropiece con la Ley de Procedimientos Administrativos, promulgada en 1946 como un contrapeso al poder presidencial luego de que el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el “New Deal” (Nuevo Trato), un amplio conjunto de programas de asistencia social. La ley requiere que las agencias den explicaciones razonadas de sus acciones y se abstengan de proceder de manera “arbitraria y caprichosa”.

Según el Instituto de Integridad de Políticas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, el gobierno de Trump ha ganado sólo 11 de 99 impugnaciones en tribunales relacionadas con sus cambios regulatorios, y más de la mitad de las que ha perdido han sido en temas ambientales.