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Ciudad de México

Los migrantes que se encontraban en la estación de migración de Ciudad Juárez, donde ocurrió el incendio, quedaron encerrados sin que ninguna autoridad les abriera la puerta, por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables, confirmaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una conferencia de prensa conjunta, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que al momento se tienen identificadas ocho personas probablemente responsables de los hechos que dejaron 39 migrantes muertos.

“El Gobierno de México manifiesta su indignación por esta tragedia y envía las condolencias a las familias y las naciones hermanas”, dijo la Secretaria Rosa Icela Rodríguez. “Se tienen identificadas a ocho personas probablemente responsables de los hechos: dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”.

La Secretaria confirmó que se han girado ya cuatro órdenes de aprehensión: la persona que inició el fuego, así como servidores públicos y elementos de seguridad privada, sin que ofreciera más detalles. Expuso que aún hay personas fallecidas que no han sido identificadas, por lo que pidió esperar para ajustar las cifras. Además, dijo, también hay heridos que tampoco han sido identificadas y están graves.

“Se han solicitado datos al IMSS, ISSSTE y Hospital General de Ciudad Juárez para completar las listas”, expuso Rosa Icela Rodríguez.

El incendio que mató a por lo menos 39 migrantes en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juarez, Chihuahua, el pasado lunes 27 de marzo en la noche, ocurrió en un momento en que Estados Unidos y México están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.

México ha expandido su red de decenas de centros de detención mientras colabora con Estados Unidos para limitar la movilidad de solicitantes de asilo que atraviesan su territorio para dirigirse a la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo a Ciudad Juárez, en donde las autoridades dicen que los migrantes incendiaron colchonetas el lunes en un centro de detención después de enterarse de que serían deportados.

Las personas en busca de asilo deben quedarse en el estado mexicano en donde lo solicitan, por lo que grandes cantidades de personas están refugiadas en Tapachula, cerca de la frontera de México con Guatemala.

Decenas de miles también están reunidos en ciudades fronterizas del norte, incluida Ciudad Juárez, a las cuales con frecuencia llegan sin autorización después de terribles travesías o de pagarle a alguien. Una red cada vez más grande de abogados, conocedores de la zona e intermediarios, ha surgido para ofrecer documentos y consejo a los migrantes que pueden pagar para acelerar el sistema.

Se cree que hay más de dos mil 200 personas en albergues para migrantes en Ciudad Juárez, mientras que una cifra mayor vive en otras partes de la ciudad después de llegar de Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, según un informe publicado el mes pasado por el Centro Strauss para la Seguridad y Derecho Internacionales de la Universidad de Texas, campus Austin.

El año pasado, México deportó a unas 106 mil personas, de las cuales aproximadamente ocho de cada 10 fueron enviadas a Guatemala u Honduras.