El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer a la jurista Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que existe “la decisión” del gobierno federal para “intentar destrabar” los obstáculos que hasta ahora han impedido el acceso a la totalidad de la documentación que tiene el ejército mexicano en su poder sobre el Caso Ayotzinapa.

Se trata, en particular, de expedientes generados por el Comando Regional de Fusión de Inteligencia-Iguala (CRFI), que se solicitaron desde 2020. De esta información se han entregado algunos folios “incompletos” y “fragmentados”, según los han descrito. Del resto, Sedena incluso negó su existencia.

El pasado viernes 31 de marzo el GIEI denunció, en conferencia de prensa, “obstrucción y ocultamiento deliberado de información clave” para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en la región de Iguala hace ocho años y medio, por parte del Ejército mexicano. También señalaron que los archivos militares del caso, hasta ahora inaccesibles, fueron trasladados a un sitio sin identificar.

Presidencia, a su vez, les hizo saber que esta misma semana tendrían una respuesta de la institución castrense. Esta se dio ayer en la reunión vespertina en Palacio Nacional.

Al salir de la reunión con el mandatario, cerca de las ocho de la noche del lunes, la penalista Buitrago indicó que la reunión fue “buena y prolongada” y que a partir de lo acordado “se puede avanzar” en las indagatorias.

Por el GIEI solo asistió ella (Carlos Beristain tuvo que salir del país un día antes) y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que preside la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ). A diferencia de otras reuniones sobre este asunto en la sede presidencial, no participó el secretario de la Defensa Nacional general Luis Crescencio Sandoval, ni el fiscal especial Rosendo Gómez. Fue un encuentro de tres horas en el que, a decir de Buitrago, quedó patente la voluntad de “destrabar”.

Desde su tercer informe, de febrero de 2022, el GIEI había señalado que estos documentos que el ejército nunca compartió –ni con ellos ni con la fiscalía que investiga la desaparición de los 43 normalistas hace ocho años y medio—contienen las transcripciones completas de intercepciones telefónicas de llamadas que sostuvieron miembros del crimen organizado, policías y militares involucrados. Los expertos consideran que son elementos cruciales para dar con el paradero de los jóvenes e identificar a los involucrados directos.

El GIEI ha podido localizar cerca de 15 de estos pliegos del CRFI, no completos sino editados, que apuntan a que ahí se encuentran “datos relevantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación y el destino” de los estudiantes. En su III informe sostienen que “debe haber copias completas” de cerca de 100 documentos.

En la rueda de prensa del viernes pasado, el GIEI refirió que en tres ocasiones anteriores el propio presidente había ordenado verbalmente al general Sandoval la entrega de esa documentación. Ese mandato no se ha acatado hasta ahora. En esta última ocasión, el mandatario puso la orden por escrito (fines de febrero). El encuentro de este lunes trató precisamente sobre esto, conocer la respuesta de la institución castrense.

Hasta la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había negado la existencia de la documentación señalada, argumentando que el CRFI fue creado apenas en 2015 (en efecto, hay un boletín de la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado, que da cuenta de la inauguración de un Comité de Fusión de Inteligencia en diciembre en Iguala). Sin embargo, desde su IV informe, presentado el 29 de septiembre del año pasado, el GIEI tiene evidencias de que un comando con estas funciones de inteligencia, CRFI, estaba operativo desde el interior del 27 Batallón del ejército en Iguala y que realizaba intercepciones telefónicas desde antes del 26 de septiembre de 2014.

Para demostrarlo, el 31 de marzo mostraron en pantalla el cabezal de uno de estos documentos del CRFI Iguala fechado el 15 de octubre de 2014. En su quinto informe hay otro documento parecido con fecha 26 de septiembre de 2014 (10 días después de la desaparición de los 43 y el asesinato de otros tres estudiantes).

Se trata, en particular, de expedientes generados por el Comando Regional de Fusión de Inteligencia-Iguala (CRFI), que se solicitaron desde 2020. De esta información se han entregado algunos folios “incompletos” y “fragmentados”, según los han descrito. Del resto, Sedena incluso negó su existencia.