Ciudad de México

Ante la falta de justicia por parte de diversas autoridades mexicanas respecto de los casos de abuso sexual cometidos por la cantante Gloria Trevi y el representante artístico Sergio Andrade, 20 presuntas víctimas solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.

En la demanda se puntualiza que las denunciantes y sus abogados han establecido la existencia de al menos, entre siete y 10 hijas e hijos producto de las graves violaciones a los derechos humanos sufridos por las madres (niñas-adolescentes y mujeres-jóvenes).

Asimismo, refiere la demanda, que las graves violaciones a los derechos humanos que se denuncian, se cometieron en el marco de la captación de niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, promovida por la industria artística mexicana, principalmente, a partir de la década de los años 80, bajo control del Estado mexicano, y que estos actos fueron cometidos por parte de hombres, que cumplían, entre otros, los roles de maestros, directores, arreglistas, productores y representantes artísticos.

Persistente inacción

Fuentes cercanas a las víctimas señalaron que la queja contra el Estado Mexicano se debe a la persistente inacción frente a los crímenes cometidos por la formación del Grupo Artístico Trevi/Andrade, ya que esas graves violaciones abarcan esclavitud, situaciones análogas a la esclavitud, trabajo forzado, embarazos forzados, abortos forzados, matrimonios forzados y tortura, los que son crímenes de lesa humanidad contra los que el Estado Mexicano se había comprometido a luchar al suscribir diversos instrumentos internacionales.

En el recurso presentado se señala que no se ha hecho justicia a pesar de las claras evidencias y testimonios presentados a lo largo de los pasados 25 años, en muchas instancias locales y federales, y que las víctimas asignan al gobierno de México la violación de sus derechos fundamentales, especialmente ahora que se ha aprobado una reforma que declara imprescriptibles los delitos de abusos contra menores de edad, en el Código Penal Federal.

En ese contexto, se menciona que Sergio Andrade y Gloria Trevi institucionalizaron entre mediados de 1989 e inicios de 2000, basados en el poder que ejercían en el ámbito artístico, un sistema de captación de niñas-adolescentes y mujeres-jóvenes (víctimas), de diferentes nacionalidades, sin experiencia sexual previa (virgo intacta), con el objeto de someterlas.

Y que su mecanismo de abuso se sustentaba en un entramado empresarial que permitió la captación e incorporación al grupo de niñas-adolescentes y mujeres-jóvenes con el apoyo, tolerancia y aquiescencia de agentes estatales, más allá de cuando fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, en enero de 2000.

Se quejan de falta de protección jurídica

Respecto de la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas se menciona en la queja ante la Comisión Interamericana que si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió el oficio CNDH/QVG/64011, dentro del Expediente CNDH/5/2021/10330/OD, el 27 de octubre de 2021, y orienta a una de las víctimas para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no se le brindó protección jurídica.

Asimismo, que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le negó a la víctima en cuestión su incorporación al mecanismo y obtuviera protección.

También se menciona que la Fiscalía General de la República (FGR), dentro del expediente FED/FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/ 0001180/2021, el 25 de enero de 2022, determinó abstenerse de investigar las denuncias presentadas.

Además de haber determinado la FGR que fuera la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, efecto de que en uso de sus facultades y atribuciones proceda conforme a derecho, derivado de las investigaciones y procesos penales radicados en esa jurisdicción

Sin embargo, refiere el documento a la fecha de presentación de la petición, la víctima que acudió ante las autoridades mexicanas en demanda de justicia no ha recibido comunicación ni notificación sobre la decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para garantizar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de delito para restituirles en su derecho a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.}