Ciudad de México 

Con los votos a favor del bloque encabezado por Morena y en contra de los partidos de la derecha, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, donde hay disponibles 15 mil 434 millones de pesos. Estos fideicomisos son usados primordialmente para el pago de pensiones fuera de la ley, pues son adicionales a las otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pero también incluyen rubros tan escandalosos como el pago de mantenimiento de las casas de magistrados y jueces que en modo alguno requieren dichos apoyos, pues ya perciben sueldos y prestaciones obscenamente elevados, en muchos casos en abierta violación a la Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizaciones de juristas y el pleno de las oposiciones políticas y mediáticas han armado una campaña de desinformación para manipular a los ciudadanos e instalar la especie de que la extinción de los fideicomisos mencionados constituye un ataque a la autonomía del Poder Judicial y que afectará derechos laborales de trabajadores de base. La mendacidad de este estridente golpeteo antigubernamental queda manifiesta desde el hecho de que la iniciativa deja intocado el fondo de apoyo a la administración de la justicia, donde se acumulan 6 mil 103 millones de pesos. Pero la realidad no significa ningún obstáculo para los adalides del privilegio y el dispendio con el dinero de todos los mexicanos, y la mentira ha llegado a tal nivel que la SCJN no se ruboriza en declarar que los recursos depositados en los fideicomisos no son dinero público, como si provinieran de una fuente distinta al erario.

Debe recordarse que estos fondos comenzaron su hipertrofia a partir de 2013, cuando el Poder Judicial puso en práctica un esquema de defraudación a la hacienda pública: año con año, solicita un presupuesto mayor al que sabe que va a ejercer y, en vez de devolver a la Tesorería los remanentes, los envía a fideicomisos manejados de forma discrecional y operados fuera de las reglas de supervisión del gasto público. De este modo, la Suprema Corte ha llegado a controlar fideicomisos con recursos que exceden su presupuesto anual.

Además de falacias, la campaña para impedir la cancelación de los fideicomisos está teñida de hipocresía. Si el máximo tribunal estuviera del lado de los trabajadores y la progresividad de los derechos humanos, habría derogado la contrarreforma al Issste impulsada y promulgada por Felipe Calderón, con la cual se completó el golpe a la seguridad social de los empleados, iniciada con la extinción de las pensiones solidarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sexenio de Ernesto Zedillo. Asimismo, habría frenado la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, abuso de poder con el que Calderón dejó en la calle a más de 40 mil trabajadores y desapareció una empresa del Estado, acción que causó un perjuicio incuantificable a México y que nunca debió tener lugar, ya que el Ejecutivo carece de facultades para desaparecer un bien nacional. Si le interesara el bienestar de quienes reciben menos ingresos (como aduce en su bochornosa defensa de los fideicomisos), tampoco habría avalado la regresiva y anticonstitucional reforma laboral de 2012, que dejó en la desprotección a los obreros frente al sector patronal.

Es inevitable preguntarse qué entienden por autonomía e independencia los ministros de la Suprema Corte y quienes se han sumado a su indefendible causa, si para mantenerlas requieren ganar salarios ilegales, asignarse prestaciones más propias de la vida cortesana que de una república y desviar sistemáticamente el multimillonario presupuesto que se les asigna. Por el bien de la vida cívica y de la racionalidad en el gasto público, cabe esperar que los fideicomisos injustificables se extingan y que en lo sucesivo el Poder Judicial se centre en la impartición de justicia y no en amasar fortunas.